El robo y contrabando de combustible en México, conocido como huachicoleo, dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El reciente caso del “huachicol fiscal” no solo reveló la magnitud del negocio ilícito, sino también las complicidades en altos mandos de la Marina y otras instituciones del Estado. Este episodio abre interrogantes sobre los riesgos de otorgar poder económico y logístico a las Fuerzas Armadas, y sobre cómo estas prácticas impactan tanto en la economía mexicana como en la seguridad regional.
El hurto de combustible en México dejó de ser un delito menor hace más de una década, cuando los cárteles de la droga tomaron el control de la extracción y contrabando de hidrocarburos. Hoy, el huachicol es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, generando pérdidas estimadas en 4000 millones de dólares en apenas cinco años. El arresto de altos mandos de la Marina en septiembre de 2025, en lo que se conoce como el caso “huachicol fiscal”, puso en evidencia la penetración de la corrupción en instituciones clave del Estado. Para el empresariado y el comercio internacional, este fenómeno no es un problema ajeno: impacta en las cadenas de suministro, encarece costos y erosiona la confianza en la legalidad de los mercados. El caso mexicano refleja cómo la corrupción puede minar la competitividad de un país y convertirse en un desafío transnacional para la seguridad económica.
El caso “huachicol fiscal” expone la relación entre crimen organizado, corrupción en las Fuerzas Armadas y tráfico ilegal de combustible, un negocio que mueve miles de millones de dólares en México.
La corrupción que alimenta al crimen
El tráfico ilegal de combustible en México, conocido popularmente como huachicoleo, nació como un fenómeno local en comunidades cercanas a oleoductos. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en un negocio controlado por organizaciones criminales con gran capacidad logística. Actualmente, representa la segunda fuente de ingresos para el crimen organizado, después del narcotráfico, con pérdidas para el Estado y empresas energéticas que rondan los 4000 millones de dólares entre 2019 y 2024.
Para comprender la magnitud, basta pensar que el huachicol no se limita al robo directo de ductos. Se trata de un entramado que involucra perforaciones clandestinas, falsificación de documentos, transporte en pipas ilegales y complicidades en puertos y aduanas. Es un negocio paralelo que opera con la misma lógica de una empresa multinacional, pero sostenida en corrupción y violencia.
El caso “huachicol fiscal”
En septiembre de 2025, la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, reveló la existencia de una red de contrabando que operaba desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Este operativo incluyó el decomiso de diez millones de litros de hidrocarburos y puso el foco en la Marina, institución que durante años se había presentado como un bastión contra la corrupción.
La investigación no solo mostró la magnitud del contrabando, sino también que altos mandos de las Fuerzas Armadas pueden ser vulnerables a la cooptación del crimen organizado. El episodio cuestiona la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que había transferido a la Marina y al Ejército el control de aduanas y puertos para “garantizar transparencia”.
Negocios y corrupción institucional
Para los emprendedores y empresarios, este tipo de fenómenos no son un problema ajeno. La corrupción en sectores estratégicos, como energía y logística, impacta directamente en el comercio, encarece el transporte y eleva el riesgo país. A nivel internacional, la percepción de un Estado débil frente al crimen organizado desalienta inversiones y pone en duda la seguridad de las cadenas de suministro.
Expertos como Paloma Mendoza, del ITAM, sostienen que la entrega de funciones empresariales a las Fuerzas Armadas creó un “caldo de cultivo para la corrupción”. Los militares, antes actores exclusivamente de seguridad, se convirtieron en gestores de infraestructura y comercio, acumulando poder económico que generó nuevas oportunidades para la colusión con redes ilegales.
Una red transnacional
El huachicol no termina en México. Gran parte del combustible robado se refina en Estados Unidos y regresa al país, en un esquema transnacional donde participan empresarios, autoridades fronterizas y organizaciones criminales de ambos lados de la frontera.
La periodista Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asegura que las recientes detenciones se deben más a la presión de Estados Unidos que a una iniciativa interna. Esto confirma que el problema supera los límites nacionales y requiere cooperación internacional, tanto en seguridad como en control aduanero.
Desafíos y lecciones para los negocios
El caso del huachicol fiscal es una alerta para cualquier mercado: cuando la corrupción penetra en sectores estratégicos, no solo afecta al Estado, sino también a empresas, consumidores e inversionistas. Para emprendedores de Argentina y América Latina, este escenario ofrece tres lecciones clave:
La corrupción siempre tiene un costo económico: encarece procesos, reduce competitividad y genera desconfianza.
La institucionalidad es clave: delegar funciones críticas en actores sin controles adecuados puede abrir puertas a la corrupción.
Los delitos económicos son globales: el huachicol demuestra cómo un negocio ilícito puede cruzar fronteras y afectar mercados internacionales.
El desafío para México será recuperar la confianza en sus instituciones, desmantelar las redes de corrupción y garantizar un mercado energético transparente. Para la región, la lección es clara: sin controles y transparencia, los negocios ilícitos pueden infiltrarse en la economía formal y distorsionar su desarrollo.
