Argentina logró revertir su balanza energética y alcanzar un superávit histórico gracias a nuevas obras de transporte y gasoductos. Sin embargo, la falta de planificación en generación y transmisión amenaza con frenar este impulso. La experiencia muestra que cuando el Estado renuncia a la planificación y no fija reglas claras, las inversiones se frenan. El desafío de 2025 es consolidar el superávit con seguridad energética y desarrollo industrial interno, articulando a provincias, Pymes y grandes proyectos estratégicos.
En los últimos años, Argentina logró un giro histórico en su balanza energética: de ser un importador neto pasó a registrar superávit por más de U$S 9.000 millones entre 2024 y el primer semestre de 2025. Este avance fue posible gracias a la entrada en operación de obras clave como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y la rehabilitación de redes de transporte. Sin embargo, el panorama interno revela un déficit en generación y transmisión eléctrica que amenaza con limitar el desarrollo productivo. El desafío central no es solo exportar más, sino garantizar seguridad energética para la industria nacional y el crecimiento federal. Para lograrlo, Argentina debe definir reglas claras que atraigan inversión privada, impulsar una “mini RIGI” para Pymes, coordinar intereses provinciales y asumir que incluso los mercados más abiertos requieren planificación estratégica. La oportunidad está sobre la mesa: transformar la ventaja energética en desarrollo sostenible.
La energía como motor del desarrollo: cómo combinar seguridad energética, inversión privada y planificación estatal para consolidar el crecimiento argentino.
Un giro histórico en la balanza energética
Desde mediados de 2023, Argentina dio un salto clave en materia energética. Obras estratégicas como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), la rehabilitación de OTASA y la expansión de Oldelval permitieron evacuar mejor la producción de Vaca Muerta, sustituir importaciones y aumentar las exportaciones. El resultado fue contundente: en 2024 se alcanzó un superávit energético de U$S 5.668 millones, y solo en el primer semestre de 2025 ya se sumaron U$S 3.700 millones adicionales.
Este cambio no es menor. Durante más de una década, el déficit energético fue un lastre para la macroeconomía argentina. Hoy, el país se posiciona como un jugador con capacidad de abastecer a la región y de reducir su dependencia de combustibles importados.
El lado débil: potencia y redes
Mientras la balanza externa muestra un resultado positivo, el panorama interno revela un talón de Aquiles. La falta de nuevas centrales eléctricas y redes de transmisión genera un margen operativo estrecho. Los picos de demanda en invierno y verano expusieron vulnerabilidades que podrían repetirse si no se resuelven los cuellos de botella.
La baja de la licitación TERCONF en 2024 dejó un vacío de 3.000 MW de potencia y de inversiones por U$S 4.000 millones. Como respuesta, se implementó un plan de contingencia para extender la vida útil de equipos térmicos, pero sin sumar nueva generación. Más recientemente, la adjudicación del proyecto ALMAGBA aportó baterías para dar confiabilidad, aunque recién estarán disponibles hacia 2026-2027.
El riesgo es claro: sin planificación a mediano plazo, el sistema quedará expuesto a crisis recurrentes que comprometen la competitividad industrial.
El rol del Estado y la inversión privada
La experiencia reciente demuestra que el mercado por sí solo no resuelve los grandes cuellos de infraestructura. Entre 2015 y 2019, cuando el Estado anunció su “corrimiento” sin reglas claras, la inversión troncal se frenó. En cambio, cuando volvió a planificar entre 2019 y 2023, reaparecieron kilómetros de gasoductos y líneas de alta tensión.
La clave está en establecer reglas estables y bancables. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un marco valioso para proyectos a gran escala, pero no aborda las necesidades del 90% del día a día: potencia firme, reglas del MATER, prioridades de transmisión y tarifas predecibles. Por eso, el sector reclama una “mini RIGI” para Pymes, que impulse inversiones más pequeñas pero críticas para la seguridad energética.
La dimensión federal y la comparación internacional
La energía en Argentina no puede pensarse solo desde Buenos Aires. Los corredores que permiten transportar gas y electricidad al Centro, Litoral y NOA son estratégicos para desarrollar polos industriales vinculados al litio y las renovables. Una planificación federal, con representación y coordinación de provincias, es imprescindible para transformar recursos en desarrollo productivo.
Incluso en países con tradición de libre mercado, como Estados Unidos, existen organismos de planificación. La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) obliga desde la Order 1000 a planificar a nivel regional y asignar costos en forma coordinada. En 2024, esta exigencia se amplió con planes integrados a 20 años, revisables cada cinco. El mensaje es claro: ni siquiera los mercados más pro-competencia funcionan sin reglas y planificación estatal.
El desafío 2025: energía y desarrollo interno
Argentina ya demostró que puede dar vuelta su balanza energética. El próximo paso es usar esa ventaja para impulsar el desarrollo industrial y federal. Incorporar nueva generación, reforzar gasoductos y priorizar corredores eléctricos que conecten litio, renovables y polos productivos son metas indispensables.
El desafío futuro es sumar seguridad energética y desarrollo económico puertas adentro. Para eso se necesitan reglas claras, marcos regulatorios confiables y coordinación entre Estado, provincias, Pymes e inversores. La energía no solo debe exportarse: debe ser el motor del crecimiento industrial argentino.
