Eduardo Casal dictaminó que la investigación de la propiedad atribuida a Pablo Toviggino continúe en la justicia nacional. Ahora, debe resolver la Corte Suprema de Justicia.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que dos investigaciones vinculadas al manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior deben continuar en la justicia de instrucción de la Capital Federal.
En el mismo dictamen, rechazó el reclamo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de concentrar esos expedientes en su despacho. La Corte Suprema de Justicia deberá resolver ahora el conflicto de competencia.
Casal se pronunció sobre el expediente iniciado por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. También se expidió sobre una segunda causa por omisiones en los balances de la entidad. En ambos casos sostuvo que la competencia corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
El juez de Campana había reclamado la causa de fraude a partir del expediente en el que se investiga la adquisición de una quinta en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares. La propiedad figura a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Conte.
La hipótesis de los investigadores es que la compra se financió con fondos desviados de la AFA. Ese sumario quedó radicado en Campana luego de una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
González Charvay argumentó que existía una estrecha vinculación entre ambos casos, que los hechos afectaban el sistema tributario y que el carácter transnacional de las transferencias justificaba la competencia federal.
La jueza Petazzi aceptó en un primer momento ceder el expediente, pero la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y elevó el conflicto a la Corte.
La ruta de la mansión de Pilar: Toviggino se la compró a Tevez en 2023 a través de un testaferro.
En su dictamen, Casal rechazó esos argumentos, al sostener que no basta invocar fórmulas como “comunidad probatoria”, “estrecha vinculación” o “mismo contexto delictivo” para alterar las reglas de competencia.
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En el segundo dictamen, referido a la denuncia por balances falsos, Casal coincidió en que las omisiones contables están vinculadas a las maniobras de desvío de fondos gestionados a través de la empresa estadounidense TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, que habría administrado derechos de amistosos y patrocinios por centenas de millones de dólares. Opino que esas irregularidades deben investigarse de manera unificada en el juzgado de instrucción porteño.
La causa de la quinta de Pilar permanece por ahora en Campana y aún no tiene una definición final de la Corte. Las investigaciones involucran a las autoridades de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y apuntan al destino de fondos generados en el exterior.
