El precio del euro y las cotizaciones en los distintos bancos de la Argentina. El euro cotiza este martes 21 de abril a $1570 para la compra y $1670 para la venta, sin impuestos, en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA). Como sucede con el dólar oficial, los gastos con tarjeta con la divisa europea están alcanzados por el anticipo de Ganancias, que recargan el precio un 30%. Así, quedó en $2171. En tanto, el euro blue operó a $1634,64 para la compra y a $1658,16 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Euro hoy: a cuánto cotiza en los distintos bancos este martes 21 de abril Este 21 de abril, el euro cotizó en los distintos bancos para la venta de la siguiente manera: Qué es el euro blue El euro blue es el que circula en el mercado informal o ilegal y suele tener un valor más alto que el oficial, sin contar los impuestos. A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar hoy El dólar blue opera a $1390 para la compra y a $1410 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, eldólar oficial(sin impuestos) cotiza a $1350 para la compra y $1400 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).
El Gobierno fijó en casi $9600 el subsidio para las garrafas de gas: quiénes pueden acceder
El beneficio alcanza a quienes se inscriban en el registro de subsidios focalizados. Reemplaza al programa Hogar. Se pagará por transferencia bancaria o billetera virtual. El Gobierno estableció en $9593 el reintegro que otorgará a usuarios sin conexión de gas natural por la compra de cada garrafa de GLP de 10 kilos. El dinero será destinado a los usarios que se inscriban en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), en el marco del sistema que reemplaza al anterior Programa Hogar. La medida fue oficializada este lunes a través de la disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética y publicada en el Boletín Oficial. Cómo funciona el nuevo subsidio para garrafas El reintegro se hará a través de la acreditación del monto del subsidio en la cuenta bancaria o billetera virtual que declare el beneficiario. El Banco Nación será el encargado de poner a disposición las herramientas digitales para el pago. Entre el 1° de abril y el 30 de septiembre, el subsidio cubrirá el consumo de dos garrafas mensuales por hogar. En el resto del año, la asistencia económica alcanzará a una sola unidad por mes. Subsidio a la garrafa: quiénes pueden acceder y cómo inscribirse Para acceder al reintegro por el gas en garrafa, los usuarios de esos products y aquellos que accedían al subsidio a través del programa Hogar tienen que completar sus datos en el sitio del ReSEF. La inscripción permite al usuario registrado a comprar la garrafa de 10 kilos y recibir el reintegro en su cuenta. En enero, cuando se lanzó el nuevo esquema de subsidios focalizados, el Gobierno remarcó que los beneficiarios del ex Programa Hogar «contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema. Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios energéticos focalizados». La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará los datos para analizar la incorporación al régimen de subsidios focalizados. Subsidio a las garrafas: Energía podrá actualizar los montos y habrá control oficial El monto del subsidio podrá ser actualizado por la Subsecretaría en función del precio del butano y los costos asociados, según lo establece la disposición oficial. Con este nuevo esquema, el Gobierno busca focalizar la asistencia en los hogares que más lo necesitan y garantizar el acceso a la garrafa social en todo el país.
Caso Cupón PBI: un grupo de bonistas renovó la presión para que la Argentina pague US$1800 millones
Titulares de deuda soberana celebraron el acuerdo entre el Gobierno y los fondos que litigaban por el default de 2001. Pero reclamaron que se de una solución al fallo inapelable que pesa contra el país en los tribunales de Londres por manipulación de datos del Indec durante el kirchnerismo. Un grupo de bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 renovó este lunes la presión sobre la Argentina para que cumpla con la sentencia que tiene pendiente de pago en Londres, por la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo. Reclaman que el país desembolse unos US$1800 millones. El país tiene una condena en contra -inapelable desde octubre de 2024- en la causa conocida como “Cupón PBI”. Solo pagó unos US$300 millones como garantía para poder apelar el fallo de primera instancia, que finalmente fue ratificado. La Corte Suprema londinense no quiso tomar el caso, por lo que la sentencia quedó firme. El reclamo de los bonistas se da luego de que el Gobierno envió al Congreso un acuerdo para saldar la deuda que reclaman dos fondos de inversión por el default de 2001. Se trata de un entendimiento que, si el Congreso lo aprueba antes de fin de abril, autoriza a pagar unos US$170 millonesa los fondos Bainbridge y Attestor, con sentencias favorables en Nueva York. La asociación Exchange Bondholder Group expresó sus “felicitaciones al presidente Javier Milei porque después de 25 años, la Argentina finalmente resolverá todas los reclamos derivados de su default de 2001″. Pero, remarcó que “ahora debe resolverse la sentencia de Londres por el default de los bonos ligados al PBI. Esos bonos, recuerden, fueron emitidos a aquellos que no demandaron por el default de 2001 (es decir los que ingresaron a los canjes de deuda que implementó el gobierno kirchnerista)”. La renovada presión se produce, además, en la previa de una audiencia en la Corte de Londres, que se realizará este martes 21, en el marco de la sentencia no pagada y que los beneficiarios del fallo intentan cobrar mediante embargos. En marzo, esos los fondos beneficiados por el fallo,comandados por Palladian Partners, presentaron una nueva demanda para ampliar la sentencia contra la Argentina. En ese marco, la Corte londinense ordenó el viernes al banco Lloyds que restrinja los pagos de las cuentas pertenecientes a la Argentina hasta que se celebre la audiencia del martes 21. Desde la Procuración del Tesoro explicaron a TN que el país presentará un pedido para anular esta orden y que no hay activos del país en Reino Unido, salvo cuentas -ahora restringidas- y bienes diplomáticos, que no se pueden embargar. Quienes son los bonistas que renovaron la presión para que Milei pague US$1800 millones en Londres La asociación Exchange Bondholder Group engloba “a inversores de años en la Argentina, que en conjunto poseen cerca de US$4000 millones en bonos» en el marco de sus canjes de deuda de 2005 y 2010. La entidad remarca que sus integrantes “aceptaron voluntariamente importantes reducciones en el valor actual neto para ayudar a Argentina a recuperarse de la cesación de pagos de 2001″. Además, apoyaron la reestructuración lanzada en 2020 por el entonces gobierno de Alberto Fernández. El grupo tiene un comité directivo integrado por los mayores tenedores de deuda soberana argentina: HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Paloma Partners Management Corp., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC and VR Capital Group. Además, sostiene que está alineado con otros grupos de tenedores de bonos locales y está abierto a la coordinación con otras asociaciones de bonistas. Además, tienen como asesor legal al estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.
Los detalles del proyecto para pagarles a los fondos que reclaman deuda por el default de 2001
Los abogados de la Argentina habían firmado con el grupo de acreedores un acuerdo definitivo para cerrar el litigio. Ahora deberá pasar por el parlamento argentino para su aprobación. En el oficialismo entienden que esta iniciativa le da mayor solidez política. El Gobierno envió finalmente al Congreso el proyecto para habilitar el pago del acuerdo con los fondos que seguían litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. El documento lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. La disputa arrastraba reclamos por cerca de US$600 millones entre ambos expedientes, aunque distintas fuentes ligadas al caso remarcan que el monto final del acuerdo sería inferior, ya que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores. La base formal del movimiento había quedado asentada en los tribunales de Nueva York. En una presentación del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados de la Argentina informaron que el 1 de abril las partes firmaron un acuerdo definitivo y que ese entendimiento quedó sujeto a la aprobación del Congreso argentino. En el mismo escrito señalaron además que el convenio estaba previsto para ser enviado al Congreso los días venideros. Según lo acordado, ambas partes “reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000″. De esta manera, si se aprueba, Bainbridge entregará los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación de dichos bonos una vez realizada la entrega. La negociación también permitió congelar, al menos por ahora, otras medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Entre ellas estaba el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en pausa mientras se termina de formalizar la salida legislativa del conflicto. “Las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes», plantea el escrito. Y aclara: “A fin de evitar dudas, Bainbridge acuerda que no realizará, ni hará que sus afiliados, agentes o abogados realicen directa o indirectamente acción alguna, inicien ningún proceso ni efectúen presentación alguna que pudiera esperarse que dificulte, demore, obstaculice o afecte de cualquier otro modo en forma adversa cualquier operación de obtención de capital, gestión de pasivos, oferta de canje, refinanciación u otra operativa llevada a cabo por la República”. “Bainbridge acepta el pago en virtud del acuerdo como cumplimiento total y cancelación de todos los reclamos (ya sea por capital, intereses, intereses punitorios, honorarios, reintegro de gastos o cualquier otro concepto) que pudiera tener en virtud de las sentencias, ligitios o bonos objetio del acuerdo. Libera y exonera en forma total y definitiva a la República de toda obligación, compensación por daños y perjuicios, etc.”, detalla. La decisión de enviar un proyecto al Congreso muestra que el oficialismo busca cerrar uno de los litigios remanentes del default de 2001 con aval parlamentario y no solo con una firma administrativa. En el Gobierno entienden que esa vía reduce el margen de futuras impugnaciones y le da mayor solidez política a un acuerdo que, por ahora, se mantiene bajo reserva.
El Gobierno podrá aumentar el recargo que subsidia el gas en las zonas frías: el impacto en las tarifas
Mediante un decreto, la cartera que conduce Luis Caputo quedó habilitada a aumentar hasta 11,25% el porcentaje destinado a financiar la asistencia en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe. Cuál será el impacto en las boletas que pagarán todos los usuarios del sistema. El Gobierno oficializó un decreto que le habilita al Ministerio de Economía a aumentar hasta 11,25% el recargo de las tarifas para subsidiar el gas en zonas frías. Ese cargo impacta sobre el precio del gas y sostiene el fondo destinado a los consumos residenciales. La decisión se cristalizó a través del decreto 266/2026 y establece que el Ministerio de Economía que podrá aumentar o disminuir el nivel del recargo aplicado sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) hasta un 50%. Como el tope anteriormente establecido era de 7,5%, ahora ese umbral podrá llegar a 11,25%. El Gobierno explicó que la disposición responde a la necesidad de acomodar la administración de los subsidios energéticos. Anteriormente, esa facultad estaba a cargo del Ejecutivo y Economía podrá reacomodar ese recargo según sus criterios. La recaudación de esos recursos se destina a abastecer el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Ese es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a no disolver en 2026 durante la primera revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este es un fondo creado por la Ley 25.565 en 2002, para financiar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo (GNL) en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe. En 2021, ese régimen de Zona Fría se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2031 y amplió los subsidios de hasta el 50% en el valor de la factura a 231 departamentos y 4,3 millones de usuarios en las zonas de todo el país. Los recursos del fideicomiso se constituyen fundamentalmente con un recargo -que ahora podrá subir hasta 11,25%- sobre el precio del gas natural en punto de ingreso (PIST) al sistema de transporte por cada metro cúbico, que se aplica a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el territorio nacional cualquiera fuera el uso o utilización final. De acuerdo con lo que explicaron fuentes oficiales a TN, ese fondo fiduciario es definicitario y con el top de 7,5% no alcanza a recaudar lo necesario para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. Si bien defienden que se trata de una decisión de tinte más administrativo, reconocen que puede haber impacto en las tarifas de gas que paga el resto de los usuarios del país. “Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo”, indicaron. El Gobierno considera que el régimen de Zona Fría es “injusto” ya que no determina el alcance de los subsidios por los ingresos de los usuarios sino que los otorga por residencia geográfica. “Es regresivo y es deficitario”, argumentaron.
Las empresas de comercio electrónico cuestionaron el peso de Ingresos Brutos: “Favorece la informalidad”
La Cámara que nuclea a esas compañías advirtió que el esquema de retenciones afecta precios, liquidez y competitividad. Propuso unificar tributos al consumo y eliminar pagos anticipados. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) advirtió que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se convirtió en una traba central para la expansión de la economía digital. En un informe elaborado junto con IDESA, señaló que el actual esquema de retenciones y percepciones desalienta la formalización, encarece las operaciones y afecta la competitividad de las empresas. El diagnóstico se conoció en un contexto de fuerte crecimiento del sector. La facturación del comercio electrónico superó los $34.033.238 millones en 2025, con un alza interanual de 55%. Sin embargo, el informe advirtió que ese dinamismo convive con un sistema tributario que “penaliza a quienes operan de forma transparente”. Desde la entidad señalaron que las ventas digitales activan retenciones automáticas, mientras que el uso de efectivo queda fuera de estos regímenes, lo que “incentiva la informalidad”. Para la cámara, esa dinámica genera distorsiones que afectan tanto a empresas como a consumidores. Impacto en formalización, liquidez y precios El trabajo identificócinco efectos críticos del esquema vigente. Entre ellos, señaló que “la carga de las retenciones anticipadas actúa como una barrera que disuade a los vendedores informales de dar el paso hacia la formalidad”. También advirtió sobre “asimetrías competitivas” entre grandes empresas y pymes, y sostuvo que “la retención automática afecta el flujo de caja diariode las empresas, inmovilizando fondos que de otro modo se destinarían a inversión y crecimiento”. El informe agregó que el sistema actual “favorece el comercio hacia la informalidad y el uso de efectivo”, lo que implica que “el Estado pierde capacidad de fiscalización y eficiencia en la recaudación global”. A eso se suma que, según CACE, “los consumidores en provincias con menor carga impositiva terminan pagando parte de los impuestos de jurisdicciones con mayor presión fiscal”. “El esquema actual de Ingresos Brutos desincentiva la formalización y profundiza las desigualdades entre los distintos actores del ecosistema digital”, explicó el director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti. Sobre la base de ese diagnóstico, la entidad planteó la necesidad de realizar cambios estructurales. Según el informe, Ingresos Brutos representa más del 80% de la recaudación provincial y el 4% del PBI nacional, pero su complejidad “es insostenible para un mercado federal”. Entre las propuestas, CACE propuso avanzar en una unificación de los impuestos al consumo. Planteó que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, con el objetivo de simplificar el sistema y reducir la evasión sin incrementar la presión fiscal real. Además, sugirió reformar los regímenes de pago anticipado. La iniciativa apunta a transformar las retenciones y percepciones en mecanismos de información, eliminando la obligación de adelantar impuestos que luego generan saldos a favor de difícil recuperación. “La simplificación del sistema no solo beneficiará a las empresas y consumidores, sino que permitirá al Estado ampliar la base imponible y mejorar la fiscalización a través de canales trazables y eficientes”, analizó Sambucetti.
El BCRA estima que las empresas que emitieron deuda sumarán US$3200 millones y ayudarán a la calma cambiaria
El vicepresidente del Banco Central hizo una presentación ante inversores en Washington. Dijo que cayeron las compras de dólares por parte de las personas después de las elecciones y defendió el programa de acumulación de reservas. En medio de la preocupación latente que muestran índices económicos como la pérdida del poder adquisitivo o la caída en la actividad de los sectores más vinculados a la industria o el consumo, el frente cambiario atraviesa un momento de calma. Gran parte de ese fenómeno se explica por la emisión de deuda por parte de las empresas, que sumaron mayor oferta al mercado cambiario y compensaron la demanda por parte del sector privado. En su última presentación ante inversores en Washington, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, detalló que la deuda corporativa se aceleró luego de las elecciones legislativas de octubre y que desde ese momento se emitieron bonos por aproximadamente US$9900 millones. Sin embargo, de ese monto solo ingresaron US$6800 al mercado único de cambios, por lo que estimó que todavía hay US$3200 millones pendientes de ser liquidados que podrían ayudar a darle continuidad a la calma en las cotizaciones del dólar. Estas liquidaciones podrían materializarse en un plazo de hasta seis meses. “Esto es un ingreso de dólares que compensa la salida de dólares, pero va a ir a las reservas en tanto sobren divisas y el BCRA las compre. Ese ingreso de dólares te compensa la demanda del sector privado, por lo tanto todo lo que compra el BCRA es por mayor superávit comercial”, analizó el economista de Cohen, Martín Polo. Igualmente y tal como había informado TN, la incertidumbre que generó el conflicto bélico en Medio Oriente y el salto del riesgo país frenó la emisión de bonos por parte de empresas y provincias en Wall Street. “En abril solo tuviste emisiones de un par de empresas. Pasó la euforia que se vio después de las elecciones. Las empresas se financian más barato que el riesgo país hoy en día, pero es algo que va perdiendo potencia”, evaluó Polo. Por su parte, el economista de Inveq, Santiago Bulat, agregó en base a esa misma presentación que comenzó el pago de dividendos y en el primer trimestre fue de cerca de US$690, lo cual supera a los primeros cuatrimestres del período 2016-2019. Además, destacó que se liquidaron US$762 millones del Régimen de Incentivos Para Grandes Inversiones (RIGI) de los US$1200 millones que se encuentran comprometidos. Demanda de dólares y acumulación de reservas Werning también hizo referencia a la demanda de dólares por parte de las personas y aseguró que luego de tocar un pico histórico en la antesala electoral, se produjo una “drástica” caída. Incluso, según se puede leer en el gráfico presentado del BCRA, la compra de dólares de marzo habría sido menor a la de febrero. “Tras las elecciones, la demanda de divisas por parte de los hogares se desplomó y estas compras ahora se realizan en el país, lo que respalda los depósitos y préstamos en dólares”, sostuvo el informe. Por otro lado, el funcionario describió el programa de acumulación de reservas y puntualizó que el Banco Central ya compró casi US$6000 millones. Además, indicó que los ingresos netos aumentaron en US$1500 millones durante el primer trimestre del año. Además, en línea con las primeras proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la segunda revisión del acuerdo, el vicepresidente del BCRA anticipó que sumará US$3500 millones en el segundo trimestre del año y US$8000 millones para lo que resta de 2026.
El Gobierno da a conocer si una empresa privada importará el gas por barco para el invierno
Luego de la licitación y un empate en las ofertas económicas de los dos interesados, Enarsa hizo una compulsa de precios. Las opciones que bajara el Ejecutivo ante la decisión final. El Gobierno se apresta a informar si un privado se hará cargo esta temporada de la importación y comercialización en el país del gas por barco (GNL) para este invierno. O si ese negocio energético seguirá un tiempo más en manos de la estatal Enarsa, como lo hace desde 2008. Eso porque la Secretaría de Energía evaluaba las ofertas y tenía la decisión de elegir la más conveniente para evitar fuertes traslados a las tarifas de gas y su impacto sobre la inflación. A la vez, apunta a no comprometer el objetivo fiscal de reducir los subsidios energéticos 0,5% del PBI este año. La idea oficial de correr a Enarsa de este negocio energético viene desde febrero, cuando lanzó la licitación pública internacional para encontrar un agente comercializador agregador que reemplace a la estatal en la importación, regasificación en Escobar y comercialización de unaveintena de buques con GNL, indispensables para cubrir la demanda en los meses más fríos. Pero la intensión se vio complicada, como informó TN, por el salto en los precios internacionales de la energía, entre ellos el petróleo y el gas que en marzo tocaron máximos en cuatro años por la guerra en Medio Oriente. Con la débil tregua con la que arrancó abril, esos valores retrocedieron, aunque siguen por encima de los pagados en 2025. PUBLICIDAD Se calcula que este año -por la suba de los precios internacionales- se necesitarán unos 20 buques con GNL y se estima un precio cercano a los US$20 por millón de BTU, cuando el año pasado requirió 27 buques, que pagó cerca de US$15 por millón de BTU. Con ese panorama de fondo, la propia Enarsa recibió dos ofertas técnicas primero y luego económicas por parte de Trafigura -que refina petróleo y comercializa en el país los combustibles Puma– y Naturgy -que distribuye gas por redes en el NOA y en una parte del conurbano y la provincia de Buenos Aires-. Ambas empresas ofrecieron un precio por encima del internacional muy cercano, con lo que fueron a un desempate, que se hizo la semana pasada, pero otra vez los dejó bien cerca. En el medio, Enarsa lanzó una compulsa de precios donde una docena de compañías le presentaron susofertas para proveer de GNL a la Argentina desde las primeras semanas de mayo. Por eso la definición sería por precio y puede derivar en que el ingreso de los privados en el GNL importado se demore unos meses o incluso por toda la temporada. Por qué la Argentina necesita importar gas por barco en 2026 Si bien la Argentina depende menos del gas importado durante este invierno, la demora en la conclusión de obras clave en gasoductos, hace que el GNL regasificado en Escobar siga siendo clave para que no haya faltantes y cortes de suministro en los momentos de pico de demanda del fluido clave La importación de gas por barco, con mayor precio que el producto local y que en parte era subsidiado por el Estado, se realiza sobre todo en los meses más fríos, para garantizar suficiente oferta para la calefacción residencial, la demanda industrial y la de generación eléctrica. La clave es evitar cortes, sobre todo en estaciones de GNC y algunas industrias, que tienen contratos interrumpibles, como sucedió en mayo y julio de 2024. El récord de producción en Vaca Muerta, sumado a la puesta en marcha y posterior ampliación del gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner-, fueron relegando el peso del GNL importado en el total de oferta invernal, aun se requiere recurrir a suministro externo. Enarsa compró en marzo de 2025 el primero de los 27 buques con gas que se adquirieron en toda la temporada. Un año antes, las compras habían sido de 28 barcos, y en 2023 habían sido a 30. “La efectiva importación de GNL depende en gran medida de las temperaturas que se registren. A inviernos templados, menor consumo; a inviernos crudos, mayor consumo e importación“, explicó a TN Juan Bosch, presidente de SAESA.
Una familia del AMBA necesitó más de $200.000 para pagar los servicios de agua, luz, gas y transporte en abril
La cifra surge de un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA. Si bien el gasto representa una reducción de 0,4% respecto del mes anterior, en la medición interanual se observa un aumento de 49% para los fondos destinados a esa canasta. El costo de pagar los servicios básicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) suma presión a los ingresos de los hogares. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en abril de 2026 una familia promedio sin subsidios necesitó $212.694 mensuales para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte. Si bien el gasto representa una reducción de 0,4% respecto del mes anterior que se explica principalmente por la baja del gasto en energía eléctrica por menor consumo, aunque también se observó una compensación por las subas de gas y transporte. De todos modos, en la medición interanual se observa un aumento de 49% para los fondos destinados a esa canasta. De acuerdo al informe de la UBA, el gasto en servicios públicos se explica por: “Desde diciembre de 2023 hasta el mes de abril de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 667% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 223%. Con respecto de abril 2025, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo: la canasta aumentó 49% mientras el IPC se observa un incremento del 33%”, estimó la UBA. En el desagregado por rubros, la factura de transporte aumentó 76% en relación con abril de 2025; el agua 19%; la luz 34% y el gas 39%. A partir de esto, se calcula que el peso del gasto en transporte explica el 50% de la canasta. Por otra parte, señaló que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 61% de los costos y el Estado se hace cargo del 39% restante. Además, la canasta de servicios públicos del AMBA de abril representa el 12,2% del salario promedio registrado estimado de abril ($1.784.997) o bien, con un salario alcanza para comprar 8,4 canastas de servicios públicos (vs 9,8 en abril de 2025).
ATE realiza un paro nacional en los aeropuertos: qué puede pasar con los vuelos y hasta cuándo dura la medida
La medida de fuerza tiene previstas movilizaciones en terminales aéreas, protestas en organismos públicos y asambleas. El gremio reclama la reapertura de paritarias. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes un paro nacional de 24 horas con movilización y protestas en aeropuertos de zonas turísticas de alto tránsito internacional, en una medida que, según el gremio, afectará a los vuelos. Además, advirtió que no descarta bloqueos en esas terminales en el marco del reclamo por la reapertura de paritarias y una recomposición salarial. La concentración en la Ciudad de Buenos Aires está prevista para las 11 en las inmediaciones de Aeroparque Jorge Newbery, en la zona de Costa Salguero. La medida fue definida por el Consejo Directivo Nacional del sindicato con participación de representantes de todo el país. El paro se desarrollará con distintas modalidades de protesta en organismos públicos, con asambleas, radios abiertas y ruidazos. Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la falta de avances en la negociación salarial. Además, explicaron que el conflicto alcanza a distintos organismos. En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunciaron demoras en pagos acordados. “Nos dictaron conciliación para no negociar. A pesar de nuestras cartas documentos, nunca nos convocaron”, alertó la secretaria adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas. También mencionó despidos y recortes en el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI y el SENASA. PUBLICIDAD “Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Además, sostuvo que “el Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias”. En esa línea, agregó que “si no hay plata no habrá paz social” y planteó que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”. También indicó que la conflictividad podría incrementarse si no hay respuestas a los reclamos. “Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y, si no lo hacen, los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, completó Aguiar. Según el gremio, el período paritario vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 abarca de junio de 2025 a mayo de 2026. ATE señaló que los aumentos otorgados en ese lapso se ubican 2 puntos por debajo de la inflación acumulada y sostuvo que el sector perdió más del 44% del poder adquisitivo durante la actual gestión. La protesta se da pocos días después de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —del que forma parte ATE junto a otros gremios combativos— difundió que la Canasta Básica del Trabajador alcanza los $2.802.755. Según el informe del FreSU, una familia necesita el equivalente a ocho salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas. El cálculo se basa en datos oficiales y contempla rubros como alimentación adecuada ($638.088); vivienda digna ($549.525); educación ($247.664); vestimenta ($143.002); salud ($340.242); transporte, esparcimiento y vacaciones ($575.931); y previsión social ($308.303).
