A través de un decreto, se eliminan áreas, se crean nuevas dependencias y se concentran funciones clave como pensiones por invalidez y control de prestaciones.
El Gobierno avanzó con una reestructuración del Ministerio de Salud de la Nación que impacta de lleno en la gestión del área de discapacidad. La medida se formalizó mediante el Decreto 193/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Mario Lugones.
El texto oficial introduce cambios en los niveles operativos del organismo y establece que la cartera sanitaria pasará a concentrar el diseño y la ejecución de políticas de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley.
En ese marco, se aprobó un nuevo organigrama que redefine áreas administrativas, técnicas y sanitarias. La reconfiguración incluye ajustes en direcciones nacionales, generales y coordinaciones, con foco en ordenar funciones, circuitos internos y la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y vínculos institucionales.
Entre los puntos centrales, el decreto crea nuevas dependencias orientadas al área. Se destacan la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. A la vez, se suma el Observatorio de Discapacidad, que tendrá a su cargo la producción y análisis de información sobre acceso a derechos y prestaciones.
También se reorganizan áreas con presencia territorial, que intervendrán en la evaluación de solicitudes, la definición de beneficios y el seguimiento de su implementación en todo el país. En paralelo, se reordenan los sectores encargados de pensiones no contributivas, con eje en la estandarización de procesos y el control de expedientes.
La normativa, a su vez, dispone la eliminación de distintas unidades. Entre ellas, la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y varias coordinaciones que dependían de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, además de cargos vinculados a auditoría interna.
En ese punto, el decreto redefine funciones de control bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación, con nuevas competencias para la evaluación de riesgos, seguimiento de planes y supervisión de informes. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer la transparencia y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
