La defensa argentina y de la petrolera se presentó ante la jueza Loretta Preska. Sostuvo que un acuerdo homologado en EE.UU. limita el uso del material del expediente exclusivamente a ese proceso. Calificó de improcedente y anticipado el intento de los fondos de reutilizarlo en un arbitraje internacional.
El GobiernoeYPF se presentaron ante la jueza de Nueva York Loretta Preska para rechazar el pedido de los demandantes del caso YPF (los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital) de utilizar en un eventual arbitraje ante el CIADI información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos.
Según el escrito, esa documentación está protegida por un acuerdo vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en EE.UU y que tiene un fallo de cámara que benefició a la Argentina.
En la carta a Preska, fechada el 24 de abril y enviada por el estudio Sullivan & Cromwell en representación de la Argentina, la defensa sostuvo que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes, que fue homologado por el tribunal hace casi seis años.
“La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan”, afirmaron los abogados del país. Remarcaron que el material de discovery “puede ser utilizado ‘únicamente para la tramitación o defensa de estas acciones’ y ‘para ningún otro propósito, incluyendo su uso en otros procesos legales, presentes o futuros’”.
Los abogados de la Argentina afirmaron que los demandantes intentan modificar esa cláusula para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada en el proceso en Nueva York en su estrategia por revertir el fallo adverso en EE.UU. mediante un arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial.
“Ahora buscan reescribir esta disposición acordada para poder ‘usar todo el material de discovery en procedimientos arbitrales’”, señaló el escrito argentino presentado a Preska sobre la intención de Burford.
La defensa argentina también cuestionó la oportunidad del planteo. De acuerdo con el escrito, no hay fundamentos que justifiquen alterar las reglas actuales y, además, el pedido sería prematuro.
El argumento central es que los demandantes todavía no iniciaron formalmente el arbitraje ante el CIADI, por lo que no corresponde habilitar el uso de esa información en un proceso que aún no existe.
En términos indirectos, la posición oficial es que no hay razón procesal para anticipar una excepción a la orden de confidencialidad vigente.
Caso YPF: la estrategia de Burford tras el fallo favorable a la Argentina
El trasfondo de la disputa es la estrategia judicial de los fondos demandantes tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.
Los demandantes ya adelantaron que buscarán revertir esa decisión en la Justicia de Estados Unidos y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Los propios demandantes informaron la semana pasada a Preska su intención de recurrir a ese foro arbitral. También solicitaron autorización para reutilizar en ese ámbito la información confidencial obtenida durante el discovery en Nueva York, lo que motivó la respuesta de la Argentina y la petrolera.
El CIADI es un organismo que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros, generalmente en el marco de tratados bilaterales de inversión. En el caso argentino, concentra la mayor parte de los litigios internacionales que enfrentó el país en el último cuarto de siglo.
Sin embargo, sus laudos no son de ejecución directa: quienes obtienen un fallo favorable deben luego recurrir a la Justicia, en general de EE.UU. para su reconocimiento y eventual cobro.
El país acumula una extensa trayectoria en ese ámbito, con decenas de demandas iniciadas desde fines de los ’90, muchas de ellas vinculadas a la crisis de 2001 y la posterior pesificación de contratos.
Entre los casos más relevantes figuran condenas a favor de empresas como AES Corporation, Webuild o Mobil Exploration, así como el antecedente del litigio con Repsol por la expropiación de YPF, que se cerró en 2014 tras un acuerdo de compensación por US$5000 millones.
