Este martes se realizará una audiencia en Nueva York para resolver si el fondo Burford podrá utilizar datos obtenidos en el proceso de discovery contra la Argentina. Quedan dos disputas pendientes.
El extenso litigio por la expropiación de YPF en los tribunales de EE.UU. entró en su etapa final, con la jueza Loretta Preska a punto de cerrar su intervención luego e que la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena por US$16.000 millones contra el país.
Este martes, la magistrada encabezará una audiencia para definir la última cuestión abierta: si Burford Capital, el fondo que litigó contra la Argentina, podrá usar en un eventual arbitraje ante el CIADI la información que obtuvo durante el proceso de discovery en Nueva York.
Solo un giro improbable en la Corte Suprema de Estados Unidos —que revierta el fallo favorable a la Argentina dictado por la Cámara de Apelaciones— podría hacer que Preska retome el caso.
Qué acordaron las partes sobre el uso de la información
Argentina, YPF y Burford ya consensuaron que el fondo solo podrá utilizar los datos sobre el fondo del litigio que la Argentina entregó antes del fallo de Preska en 2023. En cambio, quedó vedado el uso de la información que Burford recibió tras la sentencia, cuyo único objetivo era identificar bienes argentinos ejecutables para cobrar la sentencia que luego fue revocada por la Cámara.
Sin embargo, persisten dos puntos de conflicto que la jueza Preska deberá resolver en la audiencia.
Las dos disputas que debe definir la jueza Preska
Por un lado, Burford pretende que se le permita usar la información sobre los bienes argentinos en un eventual procedimiento de ejecución, si el tribunal del CIADI llegara a fallar a su favor. La Argentina se opone. Argumenta que para cuando exista un laudo firme en ese hipotético arbitraje habrán pasado al menos ocho años y los datos serán obsoletos. Más allá del tiempo, “Argentina tiene muy buenos argumentos para prevalecer en ese arbitraje”, consideró Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.
Por otro lado, YPF plantea que no debe utilizarse ninguna información suya, ya que el caso terminó de manera definitiva a su favor y, según reconoce incluso Burford, la empresa no puede ser demandada en el CIADI.
La resolución que tome la jueza Preska sobre estos dos puntos podrá ser apelada por la parte que resulte insatisfecha. Así, aunque su intervención en el caso YPF está a punto de concluir, aún queda una instancia más antes del cierre definitivo.
El litigio tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos Petersen y Eton Park, exaccionistas minoritarios de la petrolera que financiaron su reclamo con el respaldo de Burford Capital, habían obtenido en 2023 una sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra la Argentina.
Sin embargo, a fines de marzo la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó esa condena, en respaldo para la posición argentina y que llevó a los demandantes a buscar una vía alternativa ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros, más allá de intentar revertir en EE.UU. la decisión con un recurso ante la Corte Suprema de ese país.
