Lo hizo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. En el proceso, el Estado se desprenderá de la mayoría de las acciones de la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA.
El Gobierno aprobó los contratos de concesión y transferencia de acciones para el proceso de privatización de Aysa. Lo hizo a través de la resolución 543, publicada este martes en el Boletín Oficial.
“Apruébase el modelo de‘Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Aysa)’ a ser celebrado por el titular de esta Jurisdicción, en representación del Estado Nacional y la firma Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA)”, indica el texto oficial.
La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases de 2024 y la concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado.
El contrato aprobado establece que la concesión tendrá un plazo de 30 años para la provisión de agua potable y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre los que figuran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
Con la aprobación de este documento, Aysa queda obligada a avanzar con el Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta fin de año. Además, deberá incorporar al primer ciclo tarifario (2027/31) las metas y obligaciones que no se cumplan en ese período.
La iniciativa prioriza la continuidad del servicio. En ese sentido, el Ministerio de Economía deberá adoptar “las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público” y que “dictará las normas complementarias que resulten necesarias”.
Cómo será el proceso de privatización de AySA
La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases y permite que un operador privado maneje el paquete accionario que el Estado tiene en la compañía, equivalente a 90% del total, y que el 10% restante quede en manos de los trabajadores.
El año pasado, el Gobierno autorizó el procedimiento de privatización y se definió que la concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado, mientras que en una segunda etapa, la empresa tiene planificado lanzar una oferta pública inicial para colocar el 39% restante de las acciones en la Bolsa.
El nuevo contrato de concesión apunta a ordenar con mayor precisión las obligaciones y derechos entre el Estado y Aysa, según lo establecido en el Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El informe subrayó que su privatización no debe limitarse a una transferencia de acciones, sino implicar “una transformación profunda que garantice sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”.
El acuerdo establece que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de una prórroga de hasta 10 años. Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
