La Casa Rosada quiere reemplazar el convenio vigente desde 1997, que vence en 2027. Cancillería coordina con Washington los detalles del nuevo texto.
El Gobierno busca firmar antes de fin de año un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos para reemplazar el convenio vigente desde 1997. En la Casa Rosada aseguran que la redacción ya fue cerrada entre los equipos técnicos y que Cancillería coordina con Washington los pasos para concretar la firma durante los próximos meses.
Se trata de un Acuerdo 123, denominado así por la sección de la Acta de Energía Atómica estadounidense que establece el marco jurídico para la cooperación nuclear civil significativa con otros países. El actual entró en vigor el 16 de octubre de 1997, tiene una duración de 30 años y vence el 16 de octubre de 2027.
La negociación quedó avanzada durante la reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y Estados Unidos (JSCNEC), que se realizó en Washington entre el 25 y el 27 de febrero. La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y la estadounidense por Gonzalo Suárez, funcionario de la oficina de no proliferación del Departamento de Estado.
Participaron además representantes de Cancillería, CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica, la Embajada argentina, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense y el Departamento de Comercio. La declaración conjunta difundida después del encuentro ya dejó asentado el compromiso de finalizar rápidamente el nuevo texto que sustituirá al acuerdo vigente.
En Nación aseguran que la nueva redacción quedó terminada en ese encuentro de febrero y que la etapa actual corresponde a la coordinación diplomática para la firma. El convenio no implica por sí mismo la contratación de una empresa o la compra de un reactor: establece el marco legal dentro del cual pueden realizarse luego transferencias relevantes de tecnología, equipamiento y materiales nucleares.
El Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente 300 MW en el complejo Atucha (Foto: Reuters).
Ese punto es central. La legislación estadounidense exige un Acuerdo 123 para operaciones como la exportación de reactores, componentes críticos y determinados materiales nucleares, además de facilitar intercambios técnicos, investigación científica y cooperación sobre salvaguardias. El Departamento de Estado conduce la negociación con asistencia del Departamento de Energía y de la Comisión Reguladora Nuclear.
El Gobierno toma como referencia el movimiento reciente de Paraguay, que este 4 de agosto firmó con Estados Unidos un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica. En Balcarce 50 remarcan que ese instrumento -un NCMOU- no equivale a un Acuerdo 123: sirve para abrir y ordenar una asociación nuclear, pero no habilita por sí solo exportaciones de materiales o equipamiento nuclear que requieren el marco previsto por la ley estadounidense.
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La situación argentina es distinta porque el país ya cuenta con ese marco desde hace casi tres décadas. El acuerdo fue firmado en Buenos Aires el 29 de febrero de 1996 y aprobado por el Congreso argentino mediante la Ley 24.862 en agosto de 1997. Por eso, la firma que el Ejecutivo proyecta para este año no debe confundirse con la entrada inmediata en vigencia del reemplazo.
Del lado estadounidense, los Acuerdos 123 deben atravesar además un procedimiento de revisión en el Congreso que totaliza 90 días de sesión continua. Si el convenio cumple con las exigencias de no proliferación de la Acta de Energía Atómica, puede entrar en vigor terminado ese período salvo que el Congreso apruebe una resolución conjunta para rechazarlo.
La discusión bilateral no se limita al marco jurídico. En febrero, ambas delegaciones destacaron su interés en reactores modulares pequeños -SMR- y otras tecnologías nucleares avanzadas, además de cooperación sobre regulación, licenciamiento, protección física, seguridad nuclear y ciberseguridad. La declaración oficial incluye expresamente el intercambio de información técnica en esas áreas.
Javier Milei en la embajada de los Estados Unidos junto a su representante, Peter Lamelas (Foto: gentileza Clarín).
Ese trabajo ya tuvo continuidad. En junio, la CNEA y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense organizaron en Buenos Aires un taller sobre protección física, amenazas internas, gestión de riesgos y ciberseguridad de instalaciones nucleares. El encuentro fue presentado oficialmente como parte de los acuerdos bilaterales existentes y de un proceso de capacitación continua.
La agenda coincide con el interés oficial por atraer capital estadounidense al sector nuclear argentino. En julio, el Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente 300 MW en el complejo Atucha, con una inversión privada estimada en US$1200 millones. La iniciativa todavía debe atravesar aprobaciones y licenciamiento y es independiente del Acuerdo 123, aunque refleja el tipo de participación empresarial que la Casa Rosada busca ampliar.
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En el Ejecutivo proyectan una lógica similar en las áreas espacial y satelital: acuerdos técnicos, transferencia e intercambio de información y una mayor participación de compañías estadounidenses. Argentina ya tiene una extensa cooperación entre CONAE y la NASA y en mayo de 2025 ambas agencias firmaron el convenio que permitió incorporar el microsatélite ATENEA a Artemis II. La misión se completó este año y validó comunicaciones argentinas a más de 70.000 kilómetros de la Tierra.
Cancillería también viene trabajando sobre el costado empresarial. En marzo de 2025 organizó en Washington una agenda para el sector espacial argentino con más de 40 empresas e instituciones estadounidenses, entre ellas SpaceX, Blue Origin, Amazon Project Kuiper, Axiom Space, Viasat, Intelsat y la NASA. El país mantiene además desde 1998 un acuerdo bilateral de reciprocidad para la provisión de servicios mediante satélites comerciales.
Ciberseguridad completa el paquete estratégico que el Gobierno quiere profundizar con Washington. La Casa Rosada trabaja desde comienzos de año en un entendimiento destinado a obtener cooperación, tecnología, equipamiento y programas de fortalecimiento de las capacidades estatales. El objetivo es aumentar la prevención y respuesta ante ataques y proteger infraestructura crítica, en un esquema en el que Nación prevé combinar acuerdos entre gobiernos, intercambio técnico y participación de proveedores estadounidenses.
