El Ejecutivo alineó el plazo de excepción con el del gas. Justificó que ambos sistemas funcionan de manera interdependiente. Habló de problemas de infraestructura, financiamiento y abastecimiento.
El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal y estableció así la misma fecha de vencimiento que ya regía para el transporte y la distribución de gas natural.
La decisión, como había adelantado TN, fue oficializada este lunes mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros.
La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y extiende el régimen excepcional que había sido declarado a fines de 2023.
Según el Ejecutivo, la prórroga resulta necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia y porque el proceso de normalización del mercado eléctrico todavía no terminó.
La emergencia había sido dispuesta inicialmente mediante el decreto 55/2023 y luego prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025.
Por qué el Gobierno unificó los plazos de las emergencias eléctrica y del gas
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo fue la interdependencia entre el sistema eléctrico y el gasífero.
El Gobierno señaló que existe una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural” y remarcó que el gas es un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.
Por ese motivo, consideró necesario “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” para “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”.
La emergencia correspondiente al transporte y la distribución de gas natural ya había sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el decreto 49/2026, de fines de enero.
Con la nueva medida, ambos sectores quedarán sujetas al régimen excepcional durante el mismo período, lo que, según el Ejecutivo, permitirá coordinar las decisiones regulatorias, operativas y tarifarias.
Los problemas que, según el Ejecutivo, todavía afectan al sistema eléctrico
El decreto sostiene que “la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”.
Entre los argumentos técnicos, el Gobierno indicó que durante febrero de 2025 el sistema registró una demanda máxima de 30.257 megavatios, mientras que el margen disponible fue de apenas 4,4%.
El Ejecutivo consideró que ese nivel de reserva resulta insuficiente para responder adecuadamente ante posibles fallas o contingencias.
También señaló que el parque generador presenta “un alto grado de envejecimiento”, que las principales estaciones transformadoras funcionan con niveles de utilización superiores al 90% y que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
La norma también hace referencia al proceso de normalización financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Según el Gobierno, la tasa de cobrabilidad de Cammesa pasó de cerca del 48% en diciembre de 2023 a niveles próximos al 97%.
Sin embargo, advirtió que esa recuperación todavía debe consolidarse y que una reversión en la disciplina de pagos podría comprometer las transferencias a generadores y transportistas, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros.
Otro de los fundamentos fue la continuidad de la reducción gradual de subsidios. Durante mayo de 2026, el precio estacional aplicado a los hogares subsidiados representó aproximadamente el 24% del precio de referencia de la energía.
Para el Ejecutivo, esa diferencia evidencia “la subsistencia de una brecha económica relevante que debe ser atendida en forma gradual, previsible y focalizada”.
El Gobierno sostuvo que la extensión de la emergencia permitirá continuar con la transición hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y avanzar en la reducción progresiva de los aportes extraordinarios del Tesoro.
Además, advirtió que no prorrogar el régimen podría generar “discontinuidades regulatorias”, demoras en medidas operativas, menor previsibilidad para los agentes y mayores dificultades para las inversiones.
Con la decisión, el Ejecutivo conservará hasta fines de 2027 la posibilidad de adoptar medidas regulatorias, contractuales, tarifarias y de infraestructura para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.
