El oficialismo estima que la protesta movilizó a 135 mil personas, mucho menos que el cálculo que hicieron los organizadores. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos.
Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de esta tarde y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.
Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.
Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.
“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
La estimación de la Casa Rosada y la discusión por la cantidad de docentes
En ese sentido, el Gobierno buscó minimizar la convocatoria y aseguró que solo salieron a la calle 135 mil personas. Es un número mucho menor que las más de 1.500.000 en todo el país que estimó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Además de hacer foco en la participación o apoyo de figuras opositoras como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la CGT, o Sergio Massa, el Gobierno buscó llevar la discusión a la eficiencia del gasto de las universidades.
En palabras de Alejandro Álvarez, el Gobierno debe administrar alrededor de 400 mil millones destinados a salarios universitarios que, según el funcionario, “se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo”.
En diálogo con TN, el subsecretario sostuvo que las universidades presentan muy pocos graduados en relación a la cantidad de estudiantes y planteó que la problemática también gira alrededor de la cantidad de docentes por encima del monto presupuestado.
“Por supuesto (que los docentes deberían ganar más), pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó.
En ese sentido, consultado sobre si “sobraban” profesionales en las casas de estudio, Álvarez dijo: “Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil (docentes). Es una discusión que no está saldada”.
El panorama de las universidades
Actualmente, un docente universitario de la categoría más alta y con dedicación exclusiva tiene un salario básico de $1.582.283 (sin tomar antiguedad o especializaciones, ni los descuentos o aportes).
Esa cifra se comprende dentro de un escenario en el que los salarios de las universidades nacionales perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Es casi el doble que la caída registrada para el conjunto del sector público (-18,4% hasta febrero, último dato disponible), y casi 10 veces más que el rezago de los salarios del sector privado registrado.
A su vez, el gasto de la administración pública nacional en el programa de Desarrollo de la Educación Superior (que explica más del 99% de las transferencias nacionales para el financiamiento universitario) cayó, entre 2023 y 2025, un 28,9% en términos reales. Para este año, de acuerdo a lo proyectado en el Presupuesto 2026, habrá caído un 41,2%, según el análisis del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a datos del Ministerio de Economía, INDEC y BCRA.
Además, en un episodio más reciente, los directivos de los hospitales universitarios de la UBA denunciaron que no recibieron fondos en lo que va del 2026 y que su atención corre peligro. Desde el Gobierno aseguran que las transferencias para gastos de funcionamiento fueron ejecutadas, pero admitieron que un fondo de más de $79 mil millones no fue distribuido con el argumento de un cambio de criterio en su administración.
