El Ejecutivo trabaja para llevar los dos proyectos económicos al recinto hacia fines de agosto. En paralelo, asegura tener los votos para aprobar las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Cámara Federal.
El Gobierno busca concentrar en agosto dos movimientos centrales de su agenda legislativa. Apunta a votar en una única sesión de la Cámara de Diputados los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que prevé aprobar en el Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña junto con otras postulaciones judiciales.
El Ejecutivo trabaja para llevar los dos proyectos económicos al recinto de la Cámara Baja hacia fines del mes próximo. La estrategia responde a la lógica que suele aplicar el presidente de Diputados, Martín Menem, que evita abrir el recinto para tratar una sola iniciativa y prefiere convocar cuando tiene garantizados los votos para aprobar un paquete más amplio.
La Casa Rosada quiere que Javier Milei anuncie la reforma del Banco Central la semana que viene antes de remitirla formalmente al Congreso. En despachos oficiales señalan que el formato más probable es una cadena nacional, aunque la decisión definitiva dependerá del cierre técnico del texto y del esquema de comunicación que termine de ordenar el entorno presidencial.
En Balcarce 50 presentan esa iniciativa como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El núcleo de la modificación apunta a limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar las garantías de independencia de la autoridad monetaria.
En Nación buscan tratarla junto con la nueva versión de Inocencia Fiscal. El proyecto pretende fortalecer el denominado “tapón fiscal”, reducir las posibilidades de que ARCA revise períodos anteriores de los contribuyentes que adhieran al régimen y ampliar los canales para que los fondos ingresen al sistema financiero y se canalicen hacia el mercado de capitales.
El oficialismo considera que ambas propuestas pueden sostener una misma narrativa política: impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit con emisión y ofrecer mayores garantías para formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema. La intención es mostrar los dos textos como parte del paquete económico con el que Milei planea encarar la campaña de 2027.
El Gobierno no prevé, en cambio, avanzar en el corto plazo con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. Aunque la iniciativa ya se encuentra en el Congreso y cuenta con dictamen, no forma parte del temario prioritario que la mesa política busca reunir para la sesión prevista hacia fines de agosto.
El Ejecutivo concentra otro frente en la Cámara alta. En la mesa política aseguran que buscarán votar durante el mismo mes los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, junto con otras designaciones de jueces, fiscales y defensores.
La Casa Rosada sostiene que ya existe un acuerdo para que ambas postulaciones sean aprobadas. Los expedientes tomaron estado parlamentario en la última sesión del Senado y fueron girados a la Comisión de Acuerdos, que deberá completar el proceso de audiencias antes de habilitar su tratamiento en el recinto.
En Balcarce 50 siguen especialmente esos nombramientos por la relevancia del tribunal. La Cámara Federal porteña revisa procesamientos, sobreseimientos, faltas de mérito y otras resoluciones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado.
En Nación reconocen que por ese cuerpo pasan causas sensibles para la administración libertaria. Entre ellas figuran la investigación por $LIBRA, el expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros procesos de alto impacto político.
El oficialismo se entusiasma con el movimiento y admite internamente que la nueva composición podría funcionar como un nuevo eje de presión frente a las decisiones de primera instancia. La Cámara no puede impedir que los jueces investiguen, pero sí tiene facultades para confirmar, revocar o modificar sus resoluciones y determinar el rumbo de los expedientes cuando llegan en apelación.
El Gobierno convirtió la cobertura de vacantes en una de sus principales agendas después de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La nueva conducción aceleró el envío de candidatos al Senado, profundizó las negociaciones con bloques dialoguistas y ya superó el centenar de designaciones entre jueces, fiscales y defensores.
El Ejecutivo dejó en claro esa prioridad en la última sesión de la Cámara alta. Para la mesa política, el principal objetivo era aprobar la tanda de pliegos judiciales, que finalmente recibió luz verde, por encima de la necesidad de avanzar de inmediato con el paquete de propiedad privada.
La Casa Rosada reconoce que la postergación de esa última iniciativa generó tensión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pero sostiene que no alteró el orden de urgencias. La apuesta para agosto será concentrar en Diputados las reformas económicas que Milei quiere exhibir como ejes de gestión y completar en el Senado nombramientos sensibles para la estructura de la Justicia federal.
