La Casa Rosada planea dividir la iniciativa por sectores y esperar a cerrar el BCRA, Inocencia Fiscal, Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI. Seguros será la prioridad de la segunda etapa.
El Gobierno realiza cambios sobre el paquete de desregulación y definirá en la mesa política el momento, la cámara de ingreso y la forma en que será enviado al Congreso. En la Casa Rosada rechazan que la iniciativa haya sido archivada, pero reconocen que no está prevista para el corto plazo y que será dividida según la conveniencia legislativa.
“Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, aseguraron a TN fuentes oficiales. Otros funcionarios confirmaron que el texto está en la secretaría de Legal y Técnica, pero explicaron que todos los proyectos deben atravesar primero la mesa política antes de incorporarse a la agenda parlamentaria.
La hoja de ruta inicial consiste en concentrar las negociaciones en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI. El Ejecutivo pretende cerrar esas discusiones antes de sumar iniciativas que puedan abrir nuevos frentes con los gobernadores y los bloques dialoguistas.
Recién después aparecerá una segunda tanda compuesta por el denominado grillete fiscal —que incorpora un mecanismo similar al shutdown estadounidense—, el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, del mercado inmobiliario y del mercado de capitales, entre otros proyectos. Esa secuencia todavía puede modificarse según el resultado de las votaciones y el estado de las negociaciones.
Dentro de esa segunda etapa, la reforma que Javier Milei considera prioritaria es la del mercado de seguros. El Gobierno trabaja en una iniciativa específica para permitir que las compañías diseñen productos sin autorización previa, limitar la función del regulador al control de solvencia y protección contra fraudes y ampliar la oferta de coberturas. El Presidente presentó ese cambio como un proyecto separado, aunque conectado con la reforma financiera general.
En el Ejecutivo aseguran que Sturzenegger sigue firme y conserva el respaldo total del Presidente (Foto: Congreso).
Luego aparecen las modificaciones sobre corretaje inmobiliario y mercado de capitales. La Casa Rosada busca vincular estas últimas con Inocencia Fiscal para que una parte de los ahorros no declarados que ingrese al sistema pueda canalizarse hacia bonos corporativos, fideicomisos, financiamiento colectivo y otros instrumentos destinados a actividades productivas.
El componente inmobiliario reduce los requisitos nacionales para ejercer el corretaje, habilita la actuación de personas humanas y jurídicas y permite prestar el servicio mediante plataformas digitales. También impide establecer pisos, valores sugeridos o topes para las comisiones y considera contrarias a la libre competencia las restricciones de residencia o las incompatibilidades absolutas con otras actividades.
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El borrador multisectorial tiene 144 páginas e incluye además cambios en farmacias, gas licuado de petróleo, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje e instrumentos financieros. Su capítulo de mercado de capitales modifica la Ley 26.831 con el objetivo de simplificar trámites, incorporar nuevas tecnologías, ampliar el acceso de las pymes y promover la canalización del ahorro hacia la inversión.
La decisión política es no enviar ese conjunto como una sola ley. En el oficialismo consideran que un texto demasiado extenso permitiría que la resistencia de un sector bloquee capítulos que cuentan con mayor consenso y obligaría a negociar al mismo tiempo con demasiados actores económicos, provincias y colegios profesionales.
El cambio de estrategia se profundizó después de la caída del capítulo sobre extranjerización de tierras. El desmarque de gobernadores aliados encendió una alarma en Balcarce 50 y reforzó la posición de quienes reclaman medir el costo de cada reforma antes de incorporarla al temario del Congreso.
Los senadores libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde conversan en el recinto con los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).
En la sede de gobierno admiten además problemas de coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto en los proyectos de ley como en las medidas que se instrumentan mediante decretos. La intención es que las iniciativas sensibles sean revisadas por la mesa política antes de su publicación o envío, para evitar que una disputa sectorial interfiera con las negociaciones por reformas consideradas prioritarias.
Entre los antecedentes mencionan las dificultades alrededor de la apertura del cabotaje y la suspensión del decreto que desreguló el practicaje. En este último caso, el Ejecutivo debió abrir una mesa de revisión después de que la interrupción del servicio paralizara los puertos, y aceptó suspender la normativa a cambio de una reducción tarifaria del 20%.
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Las diferencias también profundizaron los cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por la redacción y la negociación de los proyectos. En distintos sectores del oficialismo atribuyen parte de la descoordinación a las tensiones de la jefa del bloque libertario en el Senado con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, los principales alfiles legislativos y territoriales de Karina Milei.
El retiro de los gobernadores aliados de la negociación por la Ley de Tierras reavivó esos pases de factura. “Ninguno de esos gobernadores va al baño sin que Lule se entere. No mueven un pelo sin aval”, expresó una fuente nacional que cuestiona la idea de que los mandatarios provinciales se hayan desmarcado sin que el entorno de Karina Milei conociera previamente sus posiciones.
Pese a las críticas, en el Ejecutivo aseguran que Sturzenegger sigue firme y conserva el respaldo total del Presidente. “Lo que pasa con Federico es que a veces quiere imponer su agenda por sobre la de Milei. Y para eso necesita ser presidente”, plantearon en un sector del oficialismo. La mesa política tendrá ahora la tarea de ordenar esa agenda, seleccionar los capítulos con mayor viabilidad y decidir en qué momento abrir una nueva negociación en el Congreso.
