La central patagónica seguirá en manos de Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo accionista principal es el grupo que lidera Javier Madames Quintanilla, hasta diciembre. Mientras, el Ejecutivo avanza en el proceso de licitación internacional para una nueva concesión.
El Gobierno extendió por seis meses la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú, una central estratégica ubicada en la provincia de Chubut y ligada históricamente a la empresa Aluar, la principal productora de aluminio del país y cuyo dueño es el mismo que cerró Fate en febrero.
La prórroga quedó oficializada este martes mediante la resolución 130 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Allí se estableció que Hidroeléctrica Futaleufú, seguirá con la operación de la central hasta el 15 de diciembre.
La concesión original de la represa de Futaleufú se hizo en 1995 por 30 años. Esos plazos vencieron el 15 de junio de 2025, lo que abrió un período de transición para garantizar la continuidad del servicio y preparar una nueva licitación pública nacional e internacional.
Como pasó con las represas del Comahue, que fueron reprivatizadas a fines de 2025 tras el fin de los contratos originales en una licitación que se cerró por un total de US$700 millones, el Gobierno apunta a lanzar en las próximas semanas nuevas concesiones para esa y otras seis generadoras hidroeléctricas, con vencimiento de contratos que van hasta fines de 2026.
La resolución que prorroga seis meses la operatoria de Futaleufú también ratificó el acuerdo de suministro eléctrico con Aluar, por el que se garantiza la provisión de energía a su complejo industrial en Puerto Madryn bajo las condiciones pactadas en 1994. Además, la concesionaria deberá actualizar su garantía de cumplimiento de contrato a un mínimo de US$1,5 millones.
Si la empresa no adhiere a la extensión de la concesión hasta diciembre, el Estado le exige que siga operando la central al menos por 90 días, para asegurar la transición y evitar cortes en el servicio.
Durante todo el período de transición, la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará como veedora del sistema, y se invitó a la provincia del Chubut a que designe un representante para colaborar en la supervisión.
El grupo detrás de la represa hidroeléctrica Futaleufú y los cruces con Javier Milei
La central hidroeléctrica Futaleufú está concesionada a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., su accionista principal es Aluar (60,20%), mientras un 33,51% lo tiene la provincia de Chubut y el resto pequeños accionistas minoritarios
Aluar, la productora de aluminio del país y una de las más importantes dela región, es parte del grupo que lidera el empresario Javier Madames Quintanilla.
Es el mismo que en febrero decidió el cierre definitivo de Fate, la única fabricante de neumáticos de origen nacional, cesanteó a sus 920 operarios y derivó en un conflicto que se judicializó y todavía persiste.
En ese momento, el Gobierno salió a criticar con dureza al empresario, no por la decisión de cerrar la planta sino por el momento elegido para comunicarlo, dado que coincidió con el debate de la reforma laboral, uno de los pilares de la gestión de Javier Milei.
Además, hacia fines de febrero, el Gobierno eliminó la protección antidumping que beneficiaba a Aluar y habilitó el ingreso de foil de aluminio desde China sin el recargo del 28%que regía desde 2020. La decisión impactó de manera directa en la compañía y se inscribe en la misma línea de medidas orientadas a desarmar esquemas de protección que, según el oficialismo, encarecieron precios y afectaron a los consumidores.
El plan oficial para reprivatizar otras siete represas hidroeléctricas
La prórroga de Futaleufú se da en el marco de un plan más amplio del Gobierno para reprivatizar otras seis represas hidroeléctricas cuyos contratos vencen entre noviembre de 2025 y julio de 2026.
Además de Futaleufú, están en la lista Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
Enarsa, la empresa estatal que controla esas centrales, ya realizó una auditoría técnica sobre el estado de las maquinarias y las inversiones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los complejos ante una futura reprivatización.
