Los analistas privados advirtieron sobre un aumento en los compromisos que asumió el Ministerio de Economía y que no fueron saldados. El Ejecutivo debe cumplir una meta con el Fondo Monetario Internacional.
Tras el mal dato de actividad de febrero, los analistas privados empiezan a alertar que el ancla fiscal está sometida a una mayor presión. La recaudación ligada a la producción y el empleo cae, y el Gobierno se ve obligado a ajustar en la misma proporción para asegurar el superávit de 1,4% que comprometió con el FMI.
Para emprolijar los números de las cuentas públicas, los analistas privados señalan que el Ministerio de Economía aumentó la deuda flotante, es decir, la diferencia entre los gastos devengados y los efectivamente pagados en el primer trimestre.
Según calculó Aurum, la deuda flotante superó en marzo los $4 billones. “El 74% del superávit primario (incluyendo ingresos por privatizaciones) se explica por el stock de deuda flotante (en enero era 51% y en febrero 43%)”, destacó en un reporte.
Desde PPI coincidieron con la estimación y apuntaron: “En marzo, la Deuda Exigible de la Administración Central subió $2,1 billones, de $1,9 billones a $4 billones, la mayor suba en pesos constantes de la era Milei. El superávit de la Administración Central explicó 42% del superávit del Sector Público Nacional No Financiero ($0,39 billones sobre $0,93 billones)“.
En ASAP, en tanto, hicieron una estimación algo menor porque solamente tomaron en cuenta la deuda flotante del ejercicio 2026, es decir, que no se incluyen los pagos realizados por gastos devengados en 2025 o en ejercicios anteriores. Según esa metodología, la deuda flotante alcanzó $3,3 billones en marzo. “Este stock de deuda flotante equivale al 9,7% del total devengado del período, por encima del 7,5% observado en igual periodo de 2025″, indicó un reporte de esa organización.
ASAP indicó que las partidas con mayor deuda flotante en el acumulado a marzo, fueron gastos de capital, con deudas equivalentes al 41,8% del monto devengado; bienes, con un ratio de 29,8%; y remuneraciones, con pasivos de 11,3%.
La consultora Outlier también puso el foco en la deuda flotante y su impacto en el superávit primario que busca alcanzar el Gobierno, en el contexto del mal desempeño de la recaudación. “Por ahora, esa presión parece haberse resuelto en parte con el aporte de recursos extraordinarios y en parte con acumulación de deuda flotante y licuación. Ninguno de esos tres factores puede considerarse sostenible en el mediano-largo plazo”, advirtió en un informe.
En la misma línea, agregaron que si el Gobierno pretende cumplir con la meta de superávit en este contexto, será necesario que mejore el desempeño de la recaudación, que haya nuevos ajustes explícitos del gasto y/o se sumen nuevas fuentes extraordinarias.
“Respecto de mayores bajas del gasto, el rubro que sigue pareciendo el más plausible para hacer foco es el de los planes sociales”, consideró Outlier. Hasta ahora, la Jefatura de Gabinete le pidió a los ministerios que presenten un plan de recortes.
Por otra parte, sobre los ingresos extraordinarios, como pueden ser las privatizaciones, la consultora consideró que sirven a los fines contables, pero no a los objetivos macroeconómicos. “Con lo cual, en esos términos, aún tendríamos una flexibilización del ancla fiscal”, advirtió.
