La Procuración del Tesoro presentará hoy un pedido de revisión ante el tribunal que falló contra la Argentina. No solicitará una suspensión de la sentencia y mantiene abierta la opción de recurrir luego a la Corte.
El Gobierno definió apelar ante la misma Cámara que falló contra la Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y buscará evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium. La Procuración del Tesoro prevé presentar este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, un día antes del vencimiento del plazo.
La decisión ya está tomada y el escrito se encontraba este martes en su etapa final de elaboración. La intención es ingresarlo un día antes del vencimiento del plazo, previsto para el jueves 20 de agosto. El encargado de llevar la estrategia es el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabaja junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
La presentación buscará que la propia Cámara revise la decisión que confirmó el 21 de julio la sentencia contra el Estado argentino. La defensa había evaluado durante las últimas semanas si avanzar primero por esa vía o dirigirse directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos y finalmente optó por agotar una instancia más ante el tribunal de apelaciones.
La estrategia no incluirá un pedido específico para suspender la sentencia o impedir temporalmente que Titan avance con el cobro. En Nación consideran que esa herramienta no encaja correctamente en la etapa actual del expediente. Analizan, sin embargo, otra alternativa procesal que todavía no está definida y que prefieren mantener en reserva.
El objetivo inmediato es mantener abierta la discusión judicial y evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la condena.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó en julio el planteo de la Argentina y ratificó el fallo de primera instancia. La discusión que llegó a ese tribunal no volvió sobre las condiciones de la estatización de Aerolíneas, sino sobre el plazo que tenía Titan para pedir ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y cobro del laudo internacional.
La Argentina sostuvo que la acción había prescripto porque correspondía aplicar un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que debía utilizarse un período de doce años. Esa interpretación permitió que el reclamo presentado por Titan en 2021 continuara vigente.
El conflicto tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Las empresas accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular la decisión, pero ese planteo fue rechazado en 2019. Como el organismo arbitral no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para intentar cobrar.
Los derechos económicos derivados del juicio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo. Con los intereses acumulados, la condena ya supera los US$390 millones.
La defensa argentina intentará ahora que la Cámara vuelva a analizar su propia resolución. El planteo puede apuntar a una nueva evaluación por parte de los jueces que intervinieron o solicitar una revisión más amplia dentro del tribunal. El Gobierno no anticipa qué alcance tendrá finalmente el escrito para evitar revelar la estrategia antes de su presentación.
La elección de ese camino también extiende los tiempos antes de una eventual llegada a la Corte Suprema estadounidense. En el Ejecutivo ya habían advertido que pedir primero una revisión ante la Cámara permitía conservar posteriormente la posibilidad de acudir al máximo tribunal si el resultado volvía a ser adverso.
La Corte Suprema queda así como la siguiente alternativa y no como la vía inmediata. Si la Cámara rechaza el planteo, la Argentina podrá pedirle al máximo tribunal que tome el expediente, aunque su intervención no es automática: los jueces deciden qué casos aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la política adoptada es estirar los tiempos de todos los litigios relevantes contra el Estado, tanto dentro como fuera del país. En ese marco ubican también la estrategia desplegada en el juicio por YPF, donde la Argentina consiguió recientemente decisiones favorables en instancias de apelación.
El fallo no condena a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional por la expropiación realizada en 2008. La hoja de ruta inmediata queda ahora concentrada en la presentación de este miércoles: la Argentina pedirá que la Cámara revise su decisión y, si no logra revertirla, mantendrá abierta la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema para intentar evitar el desembolso de más de US$390 millones.
