En el Ejecutivo descartan una coalición general y advierten que las negociaciones serán distrito por distrito. El esquema de colectoras queda limitado al armado nacional bajo la boleta de Milei.
La Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En la Casa Rosada descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.
“No vamos a ceder el armado en general, se irá viendo provincia por provincia”, expresan en Nación. La definición apunta a marcar un límite frente a la expectativa de algunos gobernadores dialoguistas que buscan que el nuevo vínculo con Diego Santilli se traduzca también en acuerdos electorales más amplios para el año que viene.
En Balcarce 50 sí quieren dar señales de acuerdo general en materia de reformas, gobernabilidad y blindaje del programa económico. La Casa Rosada busca que los mandatarios acompañen la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas clave para sostener la agenda hasta marzo. Pero en el Ejecutivo aclaran que ese esquema no implica trasladar automáticamente los acuerdos legislativos a las listas provinciales.
La diferencia central pasa por el alcance del mecanismo de colectoras o listas compartidas. En el Gobierno explican que esa herramienta está pensada para la elección nacional, bajo la boleta presidencial de Milei y de La Libertad Avanza, y no para eximir al oficialismo de disputar elecciones provinciales o plantear diferencias con los mandatarios en sus distritos.
“La idea de las colectoras es darles algo a ellos, que no tienen candidato a presidente y quieren que sus candidatos vayan en la boleta de Milei”, agregan en Nación. La lógica oficial es que algunos gobernadores puedan colgar listas legislativas de la candidatura presidencial libertaria, sin que eso signifique entregarles el control del armado local ni resignar la competencia por gobernaciones.
En el Ejecutivo mencionan como acuerdos más probables a Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de otros distritos donde el entendimiento con aliados ya aparece más avanzado. Aun así, remarcan que no habrá un molde único y que cada negociación quedará atada al equilibrio entre votos en el Congreso, fortaleza territorial y estrategia presidencial.
Córdoba aparece como uno de los ejemplos de esa tensión. En la Casa Rosada aseguran que La Libertad Avanza planea competir con Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados, aunque el vínculo con el peronismo cordobés pueda ser necesario para aprobar reformas. El mensaje interno es que la gobernabilidad no necesariamente implicará retirar candidatos.
En Santa Fe, en cambio, el escenario que describen en Balcarce 50 es distinto. En el Gobierno sostienen que lo más probable es que La Libertad Avanza no dispute la gobernación y que Romina Diez encabece la lista de senadores. La definición todavía no está cerrada, pero muestra el criterio que pretende imponer la mesa política: acuerdos selectivos, no una coalición nacional con formato uniforme.
El Gobierno mantiene además la idea de los “acuerdos de competitividad”. Ese concepto puede incluir distintas variables: candidatos menos competitivos en determinados distritos, menor despliegue de campaña, baja intensidad territorial o coordinación legislativa con gobernadores. No implica necesariamente una alianza formal ni listas comunes en todas las categorías.
En Nación, también atan cualquier definición a la reforma política. Aseguran que no cerrarán acuerdos electorales antes de que avance ese proyecto, que no esperan que sea aprobado antes de agosto. “Todo dependerá de la reforma política”, repiten en despachos oficiales. La eliminación o suspensión de las PASO sigue siendo la prioridad de la mesa política y condiciona toda la estrategia de alianzas.
La discusión es sensible porque el esquema electoral que negocia el oficialismo busca resolver dos problemas a la vez: conseguir votos de gobernadores para modificar las reglas de juego y, al mismo tiempo, ordenar el armado nacional de Milei sin depender de una coalición tradicional. En Balcarce 50 creen que la candidatura presidencial libertaria será el principal activo para atraer aliados.
Santilli y Eduardo “Lule” Menem quedaron al frente de esa negociación con los mandatarios. El nuevo jefe de Gabinete debe recomponer el vínculo con las provincias y sumar apoyos para las reformas, mientras el armador de Karina Milei busca preservar el control del sello libertario y evitar que los acuerdos territoriales licúen la conducción nacional de La Libertad Avanza.
En la Casa Rosada reconocen que la tensión entre gobernabilidad y armado electoral será permanente. Necesitan a los gobernadores para aprobar leyes, pero no quieren que ese vínculo termine en una cesión general de candidaturas. El antecedente que miran es 2025: competir con sello propio en la mayoría de las provincias y reservar los acuerdos para los distritos donde haya beneficio concreto.
La estrategia también busca preservar margen para confrontar. En el oficialismo sostienen que Milei puede dar señales de moderación mientras negocia reformas, pero que la campaña volverá a apoyarse en la polarización con el kirchnerismo y el “modelo anterior”. En ese marco, no descartan competir contra mandatarios con los que, al mismo tiempo, intentan cerrar acuerdos legislativos.
La definición final quedará para después de la reforma electoral. Hasta entonces, el Gobierno intentará sostener un equilibrio inestable: mostrar una foto de diálogo con gobernadores, blindar el programa económico en el Congreso y evitar que ese acercamiento se convierta en una coalición que le quite a La Libertad Avanza el control de su propio armado.
