Vialidad Nacional y la empresa Corredores Viales deberán realizar distintas tareas de mejoras en un plazo de 120 días. En el último semestre, hubo 11 accidentes en la zona.
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado Nacional, a través de Vialidad, y a la empresa Corredores Viales S.A. que adopten de inmediato medidas de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional 3, que une las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí, por el alto riesgo de quienes transitan por allí.
Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez concluyeron que, según surge de informes técnicos, registros fotográficos y datos policiales, quedó probado el deterioro del tramo, con la presencia de baches profundos, hundimientos y deformaciones generadas por el tránsito pesado, junto con una señalización insuficiente.
De acuerdo a los elementos incorporados al expediente, en el último semestre hubo 11 accidentes viales en ese sector. Los jueces subrayaron que existe “un riesgo actual y concreto para la vida e integridad física de quienes transitan por la ruta” y recordaron que las autoridades a cargo de la gestión tienen un deber constitucional de seguridad que las obliga a adoptar conductas activas para prevenir daños previsibles.
Las medidas ordenadas tienen carácter de emergencia y no contemplan una reconstrucción integral de la ruta. Incluyen la colocación de cartelería preventiva que advierta sobre las zonas críticas; la indicación de reducción de velocidad; la instalación de dispositivos de balizamiento para mejorar la visibilidad nocturna; la eventual implementación de desvíos o restricciones parciales de tránsito donde resulte técnicamente necesario; y la ejecución de reparaciones rápidas en los baches de mayor peligrosidad.
El fallo fijó un plazo máximo de 120 días corridos para completar las obras de emergencia.
Dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación, Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán presentar un cronograma detallado con las prioridades de intervención y los sectores alcanzados.
Además, se estableció un sistema de supervisión mensual: las empresas y el organismo nacional deberán remitir al Juzgado Federal de Azul informes periódicos respaldados con registros fotográficos y fílmicos del avance de los trabajos.
