Tras un primer semestre marcado por tensiones internas y proyectos trabados, el oficialismo buscará fortalecer el diálogo con aliados para avanzar con la reforma electoral, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, el plan de Inocencia Fiscal y el presupuesto 2027.
La Libertad Avanza ajustará su estrategia parlamentaria para el segundo semestre y concentrará sus esfuerzos en la Reforma Electoral que impulsa la Casa Rosada y en el Presupuesto 2027, que ingresará formalmente al Congreso el próximo 15 de septiembre. El oficialismo buscará fortalecer los acuerdos con los bloques dialoguistas y evitar nuevas fricciones internas dentro de la bancada libertaria en el Senado.
La primera etapa de 2026 cerró con la postergación del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y con un fuerte enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich.
El oficialismo, más allá de las diferencias entre Villarruel y Bullrich, no logró avanzar con la sanción de la iniciativa sobre Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto encontró resistencia tanto en sectores aliados del Congreso como entre gobernadores provinciales, especialmente por los cambios previstos en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. Durante este período, el Senado solo aprobó pliegos para el Poder Judicial y ascensos en la Cancillería.
Tras la aprobación de un cuarto intermedio, la actividad en la Cámara alta se reanudará el próximo 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal. En ese contexto, Bullrich volvió a insistir en la necesidad de avanzar con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Para ello crecen expectativas en un encuentro entre la senadora Bullrich y el ministro Sturzenegger.
El Gobierno intensificó en las últimas semanas las reuniones en la Casa Rosada con sus bloques legislativos de Diputados y del Senado. Durante esos encuentros, Javier Milei explicó en detalle los proyectos que pretende impulsar, en particular la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que todavía no fue enviada al Congreso.
Como parte de la nueva estrategia legislativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, recibieron a los principales referentes parlamentarios del PRO: Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados, y Martín Goerling Lara, por el Senado.
Las bancadas amarillas mantienen diferencias con La Libertad Avanza respecto de la reforma electoral. Se oponen a la eliminación de las PASO y prefieren discutir el capítulo de Ficha Limpia en una ley separada, en lugar de incluirlo dentro de la propuesta oficialista.
Sin embargo, sí existe disposición a respaldar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras avanzan las conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios del próximo año.
Hacía tiempo que los aliados no participaban de reuniones frecuentes en despachos oficiales, como ocurrió durante el primer año de gestión de Milei. En los próximos días, el Gobierno prevé extender las conversaciones a otros socios considerados clave para la construcción de mayorías parlamentarias: los radicales que responden a la diputada Pamela Verasay y al senador Eduardo Vischi.
Incluso en la última sesión del Senado hubo gestos de acercamiento desde la UCR. El senador bonaerense Maximiliano Abad cuestionó con dureza la gestión del gobernador Axel Kicillof por la situación de la obra social provincial IOMA.
El legislador marplatense sostuvo que la situación del organismo representa una grave vulneración del derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Vengo a plantear esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La realidad de IOMA ya no admite más excusas ni más dilaciones”, expresó.
La Casa Rosada prevé enviar esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal. De concretarse, las iniciativas del Ejecutivo ya no ingresarían exclusivamente por el Senado, que acumula varios expedientes pendientes, mientras que Diputados aguarda consensos políticos para avanzar con distintos proyectos.
La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.
En su última conferencia de prensa, el 6 de julio, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.
Entre los cambios previstos figura la eliminación de topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; modificaciones en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.
El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.
La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.
