La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó medidas transitorias mientras se reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. También requirió un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas y una quita de intereses para aliviar la situación financiera del sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un nuevo pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de aliviar la carga financiera que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en medio de la caída del consumo y las dificultades para sostener la actividad.
La entidad solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de embargos y ejecuciones fiscales sobre las pymes mientras el Gobierno define modificaciones a Ley de Inocencia Fiscal, según lo que anticipó el ministro de Economía.
El planteo surgió luego de que Caputo confirmara que planea modificar el actual esquema tributario. Ante esa expectativa, CAME pidió que durante el periodo de espera contemplado por la futura normativa no se apliquen sanciones económicas a las empresas que registren incumplimientos fiscales.
En concreto, la organización propuso que ARCA no imponga multas mientras dure la transición legislativa. Además, planteó que, en aquellos casos en los que el contribuyente regularice su situación dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo de espera, la sanción se reduzca en un 50%.
Según la propuesta, únicamente deberían aplicarse las multas completas cuando la empresa no haya cumplido con la obligación intimada una vez agotados todos los plazos previstos.
Pero el reclamo de las pymes no se limitó a las sanciones. La entidad también solicitó que se suspendan las ejecuciones fiscales y los embargos que actualmente pueden recaer sobre el sector, una medida que consideran clave para evitar un mayor deterioro de las empresas más pequeñas.
En paralelo, CAME reclamó la creación de “un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, tal como señaló el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
El esquema, además, abarcaría las obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de este año, así como los planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.
Desde la entidad sostienen que el pedido se enmarca en un escenario complejo para las pequeñas y medianas empresas. La caída del consumo interno, las dificultades para sostener la rentabilidad y el debate abierto sobre una eventual reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) forman parte del contexto que explica el reclamo.
Para CAME, avanzar con medidas de alivio fiscal permitiría preservar el entramado productivo, evitar cierres de empresas y sostener el empleo en uno de los sectores que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo del país.
