Un informe revela que hoy se requieren 34 monotributistas para sostener una jubilación media. Por el contrario, si se toman los aportes de los asalariados registrados, solo se necesitan 3,5 trabajadores. El cambio en el mercado de trabajo se combina con el envejecimiento poblacional.
El crecimiento sostenido del monotributo presiona sobre el financiamiento del sistema previsional argentino. Dado que los aportes mensuales son más bajos que los de un trabajador registrado, a medida que aumenta la cantidad de personas inscriptas en este régimen, también crece la cantidad de aportantes necesarios para sostener una jubilación.
Hoy se necesitan 34 monotributistas para financiar un haber medio, frente a 3,5 asalariados registrados, según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea elaborado por las economistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. De ese total, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia y el 26% restante a independientes, entre los cuales 2,2 millones son monotributistas.
El trabajo detalló que la participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En números absolutos, la cantidad de inscriptos al régimen que contribuyen al sistema saltó de 513.000 a 2,2 millones, lo que significó un incremento del 331%.
Diez veces menos aportes
El informe indica que, expresado como porcentaje del ingreso promedio de un trabajador registrado, el aporte previsional equivale al 11,2% para los asalariados, al 5,2% para los autónomos y apenas al 1,1% para los monotributistas.
En marzo de 2026, un asalariado registrado aportaba en promedio $187.098, mientras que un monotributista contribuía con apenas $19.215 mensuales, casi diez veces menos. Esa brecha en los montos explica por qué hacen falta tantos más aportantes del régimen simplificado. Incluso para una jubilación mínima con bono, la relación es de 2,4 asalariados frente a 23 monotributistas.
La composición interna del régimen profundiza esta diferencia: más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se ubica en la categoría A, y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B. Así, el grueso de los inscriptos en ese régimen están en los escalones de menor facturación y, en consecuencia, de menor aporte previsional.
“Estos resultados no implican que el monotributo sea un problema en sí mismo”, señala el informe del Ieral. El régimen permitió sumar al sistema previsional a millones de trabajadores independientes que de otro modo probablemente quedarían fuera de la formalidad.
Sin embargo, apunta que su creciente participación se combina con otros dos factores: la elevada informalidad laboral y el envejecimiento de la población. Según el INDEC, la población de 65 años y más pasará del 12% en 2022 al 17% en 2040, mientras que el índice de envejecimiento treparía de 55 a 115 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.
El impacto en los haberes
El trabajo del Ieral destacó que los aportes y contribuciones ya no alcanzan para cubrir el gasto previsional del SIPA, que arrastra un déficit cercano al 2% del PIB y requiere transferencias del Tesoro Nacional.
Este déficit tiene consecuencias en los haberes. En los últimos tres años, la jubilación media perdió 13% de poder adquisitivo y la mínima con bono cayó 20%. En paralelo, cerca de un millón de personas mayores de 65 años continúan trabajando, el 4,6% de los ocupados totales.
El informe concluye que la reforma previsional pendiente no solo deberá revisar la edad de retiro y los requisitos de acceso, sino también repensar las bases de financiamiento de un sistema pensado para un mercado laboral que ya cambió, y que seguirá cambiando a medida que crezca el peso del monotributo.
El FMI, cuya directora gerente acaba de visitar la Argentina, ya le pidió al Gobierno que avance en las dos direcciones: una reforma previsional y cambios en el monotributo para alinear las alícuotas y las contribuciones sociales con el régimen general.
