La medida permitirá poner en marcha los controles previstos por una ley sancionada en 2025. Se realizarán dentro del edificio legislativo.
La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el protocolo que permitirá comenzar a aplicar controles toxicológicos a sus 35 integrantes. La medida quedó establecida mediante la resolución 1248, que recibió 30 votos a favor y dos en contra.
A partir de ahora, los testeos serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, con una periodicidad mínima de una vez cada dos meses.
La convocatoria deberá ser inmediata, personal y reservada, y los análisis se realizarán en las instalaciones de la propia Legislatura, sin necesidad de trasladar a los legisladores a centros externos.
El protocolo fue aprobado para poner en práctica la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios Para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año.
Hasta el momento, la norma no había comenzado a aplicarse en la Cámara debido a la falta de un procedimiento específico para llevar adelante los controles.
El alcance de la resolución comprende a la totalidad de las diputadas y los diputados que se encuentren en ejercicio. La coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con independencia de las autoridades políticas.
Entre sus funciones, ese sector tendrá que articular con el laboratorio o equipo técnico autorizado por la autoridad sanitaria competente para realizar los test rápidos dentro del edificio.
También deberá garantizar la correcta toma de las muestras, preservar la confidencialidad y privacidad de los legisladores, mantener la cadena de custodia y dejar constancia de la gestión técnica y de cualquier inconveniente que pueda surgir durante el operativo.
Los controles podrán efectuarse mientras funcionen las comisiones y durante las sesiones de la Cámara. La disposición también contempla las sesiones preparatorias y extraordinarias, además de las reuniones de la Comisión Observadora Permanente. De esta manera, el protocolo no queda limitado a las sesiones ordinarias ni al recinto principal.
En caso de que el primer examen arroje un resultado positivo, se deberá realizar un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.
El antecedente de la ley de narcotest
La resolución aprobada esta semana forma parte de un proceso que comenzó en septiembre de 2025, cuando la Legislatura neuquina sancionó la ley que estableció controles toxicológicos obligatorios para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
En aquella oportunidad, el proyecto obtuvo 29 votos positivos y dos negativos, correspondientes a los diputados del Frente de Izquierda. Horas después de la sanción, Figueroa se convirtió en el primer funcionario en someterse al examen y el resultado fue negativo.
“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, había escrito el gobernador en su cuenta de X, donde publicó un video del procedimiento. Tras conocer el resultado, sostuvo que la medida aportaba “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud” y remarcó que quienes toman “decisiones trascendentes” deben hacerlo con plena conciencia.
La legislación establece que los controles son un requisito de permanencia en cargos públicos y alcanzan a los tres poderes provinciales. Además de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluye a ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales.
La negativa injustificada a someterse al examen es considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo.
Los análisis tienen como objetivo detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias. La ley establece una periodicidad mínima anual y dispone que los estudios se realicen en el laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia.
En el caso de la Legislatura, el nuevo protocolo fija una frecuencia mayor: los controles deberán realizarse, como mínimo, cada dos meses. El costo de cada examen estará a cargo del legislador sometido al test.
