El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó a quienes tienen ahorros fuera del sistema bancario. “No son delincuentes”, planteó.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este jueves que la economía argentina necesita metas estrictas y restricciones fuertes en la política monetaria, al afirmar que el país está deteriorado por las políticas tomadas durante el gobierno kirchnerista.
En declaraciones al programa de streaming Carajo, el funcionario defendió las políticas económicas de la gestión de Javier Milei y aseguró que el proyecto de inocencia fiscal II que el gobierno envió a la Cámara de Diputados traerá múltiples beneficios para las personas que adhieran al régimen.
“Tenemos los argentinos un dinero atesorado afuera del sistema, abajo del colchón, por distintas razones. Qué bueno sería que todo este sistema sea canalizado a los bancos. El espíritu es hacer un pacto con la sociedad de decir que esta gente que tiene dinero afuera no son delincuentes”, profundizó Ravier.
En esa línea, el vocero agregó: “Te damos la oportunidad de traer el dinero al sistema formal, pero no vamos a estar investigando para atrás”.
Por otro lado, el vocero aseguró que con el paquete de medidas económicas el Gobierno generará una “baja de la tasa de interés y de la inflación, lo que mejorará el consumo claramente, estamos ante la transformación más importante del país”.
El proyecto de inocencia fiscal
Casi en simultáneo a las declaraciones de Ravier, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para realizar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
“El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo”, había planteado el ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles en conferencia de prensa. Y agregó: “Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy están debajo del colchón”.
El proyecto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Luis Caputo propone cambios sobre dos ejes centrales: la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y el régimen de prescripción tributaria.
Por un lado, la medida elimina los límites de ingresos o de patrimonio establecidos que restringían el acceso al régimen simplificado para quienes tenían ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Así, el Gobierno busca que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad.
A su vez, los cambios redefinen el concepto de la “discrepancia significativa” que le permite a ARCA romper la presunción de exactitud del contribuyente. En el nuevo texto, se considera una discrepancia cuando la impugnación implique un aumento de impuesto o reducción de quebrantos no inferior al 15% de lo declarado; la diferencia supere el monto fijado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430); o se detecte uso de facturas apócrifas o cómputo indebido de ingresos directos.
Además, se incorpora un piso mínimo equivalente al 5% del monto del Régimen Penal Tributario ($5 millones), por debajo del cual no se configura discrepancia significativa aunque se supere el 15%, para evitar —según el texto— que ajustes menores activen impugnaciones “desproporcionadas” contra contribuyentes de buena fe.
Por otro lado, las modificaciones incorporan la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración y pague el ajuste dentro de los 15 días de notificado, sin perder por eso los beneficios del régimen.
