La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. Según la acusación, esos recursos fueron canalizados a través de adjudicaciones directas y con condición de exclusividad a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el programa.
En el Tribunal Oral en lo Federal N° 5 continuará esta semana con la etapa de alegatos de las defensas en el juicio por presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, financiado con fondos del Estado.
En las próximas audiencias expondrán las defensas del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y de los otros imputados santiagueños, como Carlos Castellano y Daniel Freidin. Luego continuarán los abogados del exministro Julio De Vido, de José López y de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
En la última audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó seis años de prisión para los Schoklender, De Vido, López y Fatala, mientras que para el resto de los imputados solicitó cuatro años de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para cargos públicos y el decomiso de los bienes secuestrados.
El veredicto, a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, se estima para septiembre u octubre.
La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. Según la acusación, esos recursos fueron canalizados a través de adjudicaciones directas y con condición de exclusividad a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administraba el programa.
Qué dice la acusación
El fiscal Velasco pidió seis años de prisión para los Schoklender, De Vido, López y Fatala. Para los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero Daniel y Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, por otro lado, solicitó cuatro años de cárcel.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
El fiscal sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
El mecanismo de contrataciones, según la fiscalía, fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires; en los municipios bonaerenses de Tigre y Almirante Brown y Ezeiza; las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Carlos de Bariloche; y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
