Es la cifra de máxima para los reclamos judiciales que el país todavía tiene en el exterior. La causa principal es la que se originó por la manipulación de datos del INDEC que impidió el pago de los cupones atados al PBI durante el kirchnerismo.
Después de la ratificación del Congreso del acuerdo para cerrar los juicios con los bonistas que tenían títulos argentinos desde el default de 2001 y que no habían entrado a ninguno de los canjes ofrecidos por los diferentes gobiernos, todavía hay una serie de litigios pendientes de resolución en los tribunales internacionales.
Según pudo saber este medio, el Gobierno consiguió reducir en US$50 millones el monto del desembolso que reclamaban los 11 fondos representados por Attestor Master junto a Bainbridge.
Ya sin fondos litigantes, el horizonte aparece despejado. No obstante, Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, explicó que quedan unos US$2000 millones de aquel default sin pagar, mayormente en manos de inversores individuales que no tienen poder de presión hacia el Gobierno.
El arreglo con los bonistas se suma a la sentencia favorable a la Argentina en la apelación de la condena en el caso por la expropiación de YPF, que descomprimió el frente judicial para el Gobierno. Sin embargo, hay otros reclamos que continúan en trámite y cuyas sentencias contingentes podrían llegar a US$10.000 millones, según estimaciones privadas.
Cupón PBI
Entre los casos pendientes, el más relevante es el conocido como Cupón PBI. Fueron títulos en pesos, dólares y euros que pagaban intereses en función del crecimiento del país. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el INDEC cambió la forma de calcular el desempeño de la economía y no se pagaron los cupones.
Eso originó reclamos judiciales en Londres y Estados Unidos. Por la versión en euros, la Justicia británica condenó a la Argentina y ya no quedan instancias legales. El país debe negociar para hacer frente a un pago cercano a US$1800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garantía depositada.
En paralelo, hay demandas activas por US$3500 millones en Estados Unidos por la versión en dólares. Sin embargo, Maril explicó que este litigio tiene posibilidades de extenderse a más casos y que, si todo sale como los acreedores pretenden, podrían significar un riesgo legal de hasta US$9000 millones.
Expropiación de Aerolíneas Argentinas
Otro expediente sensible es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en el que el fondo Titan Consortium tiene un fallo firme del CIADI que condena al país. Como este organismo no tiene fuerza para ejecutar la sentencia por US$390 millones, los demandantes pidieron el reconocimiento del laudo en Washington. La Argentina hizo una presentación en sentido contrario y todavía se encuentra pendiente de resolución.
Las causas en el CIADI
Justamente el CIADI concentra varios casos contra el país. Más allá de los casos de larga data, el fondo Burford, que financió el litigio por la expropiación de YPF, ya avisó que también recurrirá al CIADI para intentar revertir el fallo adverso que obtuvo en segunda instancia. En paralelo, también hará su apelación en la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque aclaró que ese recurso tiene pocas chances de prosperar.
