La Pampa judicializó la norma aprobada por el Congreso por considerar que afecta el acceso al agua. Organizaciones ambientalistas impulsan demandas colectivas.
El Gobierno de La Pampa presentó una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley que modificó el régimen de protección de glaciares y solicitó su suspensión. La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y quedó acompañada por una medida cautelar para frenar la aplicación de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo apunta contra el Estado Nacional y pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley sancionada por el Congreso.
El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y confirmó que avanzarán en la Justicia. “He tomado la decisión de presentar un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa”, dijo durante el acto en Casa de Gobierno.
La presentación sostiene que la reforma vulnera derechos vinculados al ambiente, el agua y la salud, y que contradice principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Un planteo por el impacto en el agua
Ziliotto afirmó que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y remarcó que también vulnera el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, expresó.
El mandatario advirtió sobre las consecuencias para la provincia. “Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, señaló.
También planteó el vínculo entre los glaciares y el sistema hídrico provincial. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. A partir de esta ley va a haber menos agua”, proyectó.
En ese marco, remarcó el peso del río Colorado en el abastecimiento. Según explicó, hoy provee agua a zonas donde vive el 45% de la población y su alcance podría ampliarse si se retoma el proyecto de acueducto hacia el norte.
Argumentos legales y pedido de suspensión
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó que el amparo comenzó a elaborarse antes de la sanción de la ley y cuestionó el proceso de participación. “Las audiencias públicas no fueron audiencias reales que cumplan con el Tratado de Escazú”, afirmó.
Detalló que la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la norma, junto con una cautelar para su inmediata inaplicabilidad. “El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real”, advirtió.
El planteo también sostiene que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental. Entre los argumentos, se menciona la afectación del derecho a un ambiente sano, la posible alteración del caudal y calidad del agua y el impacto sobre el desarrollo provincial.
El escrito pide además que se mantenga vigente el régimen anterior mientras se tramite la causa y que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la nueva ley.
En paralelo a La Pampa, organizaciones ambientalistas comenzaron a organizar presentaciones judiciales propias. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva.
Las organizaciones plantearon que la discusión se traslada ahora al ámbito judicial y que buscarán ampliar el alcance del reclamo con la participación de ciudadanos de todo el país. Según indicaron, la iniciativa apunta a frenar la aplicación de la reforma y reabrir el debate sobre la protección de los recursos hídricos.
