El Presidente sostuvo que “los datos son contundentes” y que la economía está mejor que en 2023, aunque admitió un deterioro reciente; lo atribuyó al shock electoral, el encarecimiento del crédito y factores externos El presidente Javier Milei pidió “paciencia” ante el deterioro de la actividad económica y la inflación en los últimos meses, al tiempo que reconoció que el primer trimestre fue “difícil” y defendió el rumbo del programa económico. También aseguró que “la economía está empezando a levantar vuelo”. El mensaje fue publicado este jueves en su cuenta oficial de X luego de que se conocieran los datos de caída de la industria y la construcción durante febrero. Allí, el mandatario buscó reforzar la idea de que el deterioro reciente es transitorio y que los datos muestran una mejora respecto de la situación heredada. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo posteo, afirmó que “los datos son contundentes” y que la Argentina está “mucho mejor” que en 2023. En ese marco, insistió: “Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto”. En ese mensaje, además, reconoció la heterogeneidad del proceso económico. “No todos están mejor”, señaló, y agregó que las estadísticas reflejan promedios y que hay sectores que quedan rezagados. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”, sostuvo. También atribuyó las tensiones recientes al impacto del proceso electoral del año pasado. Según planteó, ese episodio implicó “tasas más altas, menor actividad y más inflación”, en línea con el diagnóstico que viene sosteniendo el equipo económico. Un día antes, en una entrevista con la Televisión Pública, el Presidente había desarrollado con mayor detalle ese diagnóstico y reconocido el impacto del inicio del año. “Ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado”, dijo, y admitió un deterioro en los indicadores sociales: “Superados los impactos en términos de pobreza, que va a tener un trimestre difícil, vas a ver que volvemos a la tendencia de bajar la pobreza”. En ese diálogo, Milei vinculó el desempeño de la economía a una combinación de factores. Por un lado, apuntó a la caída en la demanda de dinero durante el período electoral de octubre, que derivó en una fuerte dolarización de portafolios y una contracción de la liquidez. “Hubo una caída de la demanda de dinero muy fuerte”, señaló. Ese episodio —que estimó en torno al 50% en su momento más crítico— tuvo efectos rezagados sobre la economía en el inicio de 2026. Según explicó, la reducción de los pasivos monetarios del Banco Central (BCRA) achicó el financiamiento disponible para el sector privado y presionó al alza las tasas de interés. El impacto se trasladó directamente al nivel de producción. “La actividad se frenó en seco”, afirmó, al describir el efecto del encarecimiento del crédito sobre las empresas. En ese punto, el Presidente introdujo una explicación centrada en el capital de trabajo. Sostuvo que, frente a una demanda más débil y plazos de cobro más largos, las empresas necesitaron más financiamiento para sostener su operatoria diaria, pero se encontraron con menos liquidez en el sistema. “Tenés una mayor demanda de capital de trabajo y una menor oferta. Consecuentemente, la tasa de interés se fue a las nubes”, explicó. Ese descalce, agregó, también tuvo impacto fiscal. Según Milei, muchas empresas optaron por postergar el pago de impuestos para sostener su funcionamiento. “Cuando se te caen los ingresos, la pregunta es si comés o pagás impuestos. Bueno, las empresas hicieron eso”, dijo. A ese cuadro se sumó el shock externo, en particular el impacto de la guerra sobre los precios del petróleo, que presionó sobre los precios en el corto plazo. También influyeron la recomposición de tarifas y factores estacionales propios del inicio del año. Pese a ese diagnóstico, Milei insistió en que no habrá cambios en la estrategia económica. “Los fundamentals siguen estando sólidos”, afirmó, y reiteró que el Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva. Hacia adelante, el mandatario se mostró optimista. “La actividad a partir de abril va a mejorar”, aseguró. En la misma línea, anticipó una desaceleración de la inflación y una mejora en los ingresos reales. “Vas a ver más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, sostuvo. “Superados los impactos de este trimestre, vamos a volver a la tendencia de baja de la pobreza”, concluyó.
Un gobernador presentó un amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares y pidió suspender su aplicación
La Pampa judicializó la norma aprobada por el Congreso por considerar que afecta el acceso al agua. Organizaciones ambientalistas impulsan demandas colectivas. El Gobierno de La Pampa presentó una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley que modificó el régimen de protección de glaciares y solicitó su suspensión. La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y quedó acompañada por una medida cautelar para frenar la aplicación de la norma hasta que se resuelva su constitucionalidad. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo apunta contra el Estado Nacional y pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley sancionada por el Congreso. El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y confirmó que avanzarán en la Justicia. “He tomado la decisión de presentar un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa”, dijo durante el acto en Casa de Gobierno. La presentación sostiene que la reforma vulnera derechos vinculados al ambiente, el agua y la salud, y que contradice principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Un planteo por el impacto en el agua Ziliotto afirmó que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y remarcó que también vulnera el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, expresó. El mandatario advirtió sobre las consecuencias para la provincia. “Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, señaló. También planteó el vínculo entre los glaciares y el sistema hídrico provincial. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. A partir de esta ley va a haber menos agua”, proyectó. En ese marco, remarcó el peso del río Colorado en el abastecimiento. Según explicó, hoy provee agua a zonas donde vive el 45% de la población y su alcance podría ampliarse si se retoma el proyecto de acueducto hacia el norte. Argumentos legales y pedido de suspensión La fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó que el amparo comenzó a elaborarse antes de la sanción de la ley y cuestionó el proceso de participación. “Las audiencias públicas no fueron audiencias reales que cumplan con el Tratado de Escazú”, afirmó. Detalló que la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la norma, junto con una cautelar para su inmediata inaplicabilidad. “El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real”, advirtió. El planteo también sostiene que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental. Entre los argumentos, se menciona la afectación del derecho a un ambiente sano, la posible alteración del caudal y calidad del agua y el impacto sobre el desarrollo provincial. El escrito pide además que se mantenga vigente el régimen anterior mientras se tramite la causa y que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la nueva ley. En paralelo a La Pampa, organizaciones ambientalistas comenzaron a organizar presentaciones judiciales propias. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva. Las organizaciones plantearon que la discusión se traslada ahora al ámbito judicial y que buscarán ampliar el alcance del reclamo con la participación de ciudadanos de todo el país. Según indicaron, la iniciativa apunta a frenar la aplicación de la reforma y reabrir el debate sobre la protección de los recursos hídricos.
Colectivos hoy: cómo funcionan las líneas en el AMBA, este viernes 10 de abril
El Gobierno se reunió ayer con las cámaras empresarias del sector para intentar destrabar el conflicto. En los próximos días, los servicios retomarán las frecuencias habituales. Este viernes 10 de abril podrían seguir las demoras en los colectivos del AMBA. Tras la reunión con el Gobierno, las empresas comenzarán a recibir los subsidios adeudados, lo que ayudará a normalizar el servicio en los próximos días. Las cámaras empresarias del transporte público CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA expresaron en un comunicado conjunto que «si bien se reconoció por parte de las autoridades nacionales la gravedad de la crisis que atraviesa el sector, no se ha alcanzado una solución en el corto plazo que permita revertir la situación actual». Además, detallaron que este viernes las empresas recibirán los «fondos correspondientes al primer pago de subsidios del mes de abril, lo que permitirá avanzar en la cancelación de salarios adeudados a los trabajadores» y que representa un «alivio en el corto plazo» pero que aún no se normalizará el servicio en su totalidad. Por su parte, Luciano Fusaro, titular de AAETA, una de las cámaras empresarias que participaron del encuentro, afirmó que «la gente va a ir notando mejoras en el servicio día a día, no es inmediato» y que el pago de la deuda en los próximos días les permitirá a las líneas de colectivos contar con recursos para comprar gasoil e ir incrementando los servicios hasta la normalización. «El sistema viene mal, y cuando pasa algo así como la disparada del precio del gasoil, se complica como ahora. Hay voluntad y esfuerzos. Pero no sabemos si va a haber aumento de tarifas o qué solución se puede encontrar para resolver el conflicto. Eso se seguirá charlando la semana próxima», apuntó. El lunes esperan reunirse con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires que también esta adeudando fondos a las empresas y prometen que mañana pagarán parte de lo adeudado. Al día siguiente, habrá una nueva reunión con la Secretaría de Transporte en la que se seguirá debatiendo por el aumento de los subsidios, por la suba del combustible. ¿Qué líneas podrían verse afectadas hoy, viernes 10 de abril? Tras la reunión y la promesa del Gobierno de abonar los subsidios, las empresas comenzarán a normalizar los servicios en los próximos días. Sin embargo, durante la jornada de este viernes todavía podrían registrarse frecuencias reducidas. Si bien la mayoría de las líneas está retomando su funcionamiento habitual, algunas pertenecientes a jurisdicción nacional podrían continuar afectadas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. ¿Qué líneas funcionan con normalidad este viernes 10 de abril? Las líneas que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires funcionan con normalidad: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En tanto, las líneas de jurisdicción provincial y municipal (numeradas del 200 al 499) funcionan con normalidad tras el depósito de subsidios realizado el pasado miércoles.
Se desploma el precio del barril de petróleo: ¿por qué no baja la nafta en Argentina?
El principio de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la promesa de una lenta apertura del Estrecho de Ormuz motivaron una correción del valor del crudo. El conflicto provocó que en nuestro país el combustible aumentara un 20%. Desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del barril de petróleo aumentó desde los 66 dólares hasta un pico de 120. En las últimas horas, tras el anuncio de un principio de entendimiento entre Donald Trump y los líderes de la República Islámica, el crudo se derrumbó hasta los 98 dólares. ¿Por qué a pesar de eso no baja el precio de la nafta en Argentina? Luego de que el litro de súper aumentara 25% y las naftas un 20% en promedio, YPF anunció un congelamiento de precios por 45 días, con el foco puesto en el costo del barril de petróleo. La petrolera estatal tiene el poder de incidir muy fuertemente en el mercado, ya que surte cerca del 60% del total de los combustibles. Tan es así que su decisión de aplicar el “buffer” de precios le puso un freno a los aumentos que se venían dando en el resto de las empresas que suministran. ¿Qué va a pasar con el precio de la nafta en Argentina A pesar de que Argentina es un país productor y exportador neto, con unos 300 mil barriles diarios vendidos al exterior, y que tuvo un superávit de 7.800 millones de dólares en 2025, los consumidores pagan la nafta más cara que la mayoría de los países del continente, incluso aquellos que no son productores. La súper en nuestro país está por encima de los $2000 y es de las más caras de la región, sólo por detrás de Uruguay, Perú y ahora Chile tras el aumento dispuesto por el nuevo presidente José Antonio Kast. Desde la petrolera aseguran que el valor de la nafta se mantendrá durante 45 días, pero que no bajará luego. “Hay que compensar el tiempo que estuvo congelado y no se aumentó”, sostienen también desde YPF. En cuanto a la posibilidad de que el precio baje en un futuro, sostienen que “se verá en qué niveles queda el barril y por cuánto tiempo se mantiene para evaluar esa compensación”. “Se hizo una cuenta de compensación para que no subieran los precios de los combustibles en el surtidor”, explica sobre el “buffer” de precios Daniel Montamat, ex presidente de YPF y secretario de Energía en las presidencias de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa respectivamente, en diálogo con Página|12. “Esto genera un crédito por parte de los productores con las refinadoras, entonces cuando baja el precio en el mercado internacional, para compensar esos saldos los precios de los combustibles se mantienen”, agrega. En línea con la postura oficial, asegura que “cuando la baja del barril se sostenga en el tiempo y se termine la compensación de los saldos, los precios pueden empezar a bajar”. “El mecanismo es aparentemente razonable, pero hay muchas cosas que no se saben”, matiza Daniel Cameron, ex secretario de Energía durante 11 años en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “La primera es el impacto del crudo en la nafta. ¿Cuántos litros se transformaron en nafta? ¿De cuánto es ese crédito que se generó? ¿Quién hace la cuenta?“, se pregunta el ex funcionario. “No son números fáciles de calcular. Porque las petroleras pueden seguir años diciendo que ese crédito no se canceló y así justificar los precios altos”, añade. Cameron recuerda que desde la propia YPF reconocieron que el break even de Vaca Muerta, o sea el punto a partir del cual se cubren los costos, es con un barril de petróleo a 45 dólares. “Incluso es menor, o sea que con esos 45 dólares las empresas ya tienen ganancia. Pero con un barril a 95 dólares están teniendo una renta extraordinaria. Se debería fijar un precio para el mercado interno y otro para exportar», sostiene. Por su parte, Montamat asegura que “los precios del mercado local tienen que reflejar en todo momento las paridades de importación y exportación de petróleo y derivados según el mercado esté sobreofertado o no”. En cuanto a la diferencia en los precios con otros países, sostiene que “la diferencia está relacionada a que el impuesto al combustible es mayor que en otros países”. El Gobierno pospuso el aumento del Impuesto al Combustible Apenas asumió, Javier Milei actualizó el Impuesto al Combustible que el gobierno de Alberto Fernández había congelado en 2021. Tanto ese tributo como el Impuesto al Dióxido de Carbono se deberían actualizar de manera trimestral en función de la inflación, pero los diferentes gobiernos suelen congelarlos para frenar los incrementos en la nafta. Hoy tienen un peso de unos $320 en el precio del litro de nafta y ya se confirmó que la actuaización de abril se postergará hasta mayo. Más allá del sacudón inicial, el Gobierno también empezó a retrasar los aumentos en el impuesto. “En el caso de la nafta está actualizado hasta septiembre de 2024 y el gasoil hasta mayo de 2025. Según nuestros cálculos si actualizaran todo el impuesto al combustible habría que ajustar unos $190 la nafta y el gasoil unos $82″, advierte Montamat. Por ley el 28,5% de lo recaudado por este tributo debe ir destinado a Infraestructura vial y ferroviaria, el 4,3% a la Infraestructura hídrica y el 15% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) para combatir el déficit habitacional. Todas iniciativas que el Gobierno Nacional ha abandonado prácticamente en su totalidad. En un contexto de fuerte caída de la recaudación por la baja en la actividad económica, el Impuesto a los Combustibles fue el único que creció en la recaudación del primer trimestre del año: lo hizo 17,3% interanual, siendo vital para mantener el superávit.
La escribana de Adorni volvió sorpresivamente a Comodoro Py
Adriana Nechevenko había declarado ayer durante más de dos horas y media. Hoy volvió a presentarse, pese a no estar citada. Tenía pendiente la entrega de su teléfono y de distintos documentos sobre las sospechosas operaciones inmobiliarias de Adorni. “Yo estoy tranquila”, dijo tras retirarse. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene respiro en la causa que investiga sus propiedades y la forma en que fueron adquiridas. Tras haber declarado ayer durante más de dos horas y media, la escribana Adriana Nechevenko regresó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, pese a no haber sido citada. Según trascendió, la presentación espontánea fue para realizar “aclaraciones” y entregarle al fiscal Gerardo Pollicita el teléfono celular que dijo haberse olvidado ayer. También habría acercado documentos requeridos por la Justicia. “No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida. Las hipotecas y las propiedades de Adorni En su declaración de ayer, Nechevenko sostuvo que las jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento donde vive en Caballito le aceptaron al jefe de Gabinete diferir por un año y sin interés el pago de 200.000 dólares (la mayor parte del valor de la propiedad). El dueño anterior había sido el exfutbolista Hugo Morales, quien declaró que les vendió la propiedad a las mujeres en 200.000 dólares en abril del año pasado. La escribana Nechevenko intervino por lo menos en otras dos operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Estuvo involucrada en la hipoteca por 100.000 dólares del departamento de avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco. En esa operación otra vez el préstamo vino de dos mujeres. También puso su firma en la compra a nombre de Angeletti de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que se habría pagado con el dinero de la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. Sigue la investigación Ayer, a la salida de su declaración, la escribana fue consultada por los periodistas sobre el origen del dinero de Adorni para adquirir sus inmuebles.“Pregúntenle a él”, se limitó a responder. También esquivó una consulta sobre siete visitas que hizo a la Casa Rosada. Las dos jubiladas acreedoras de Adorni se deben presentar en los próximos días a declarar como testigos por la vivienda de Caballito. Una de ellas, tiene un pase cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que se otorga a personas con ingresos menores a 600.000 pesos. El lunes declaran las otras dos prestamistas que aparecen en la hipoteca de Parque Chacabuco.
El Gobierno recibe a las empresas de colectivo para destrabar el conflicto por los subsidios
El encuentro está previsto para las 10.30 en la Secretaría de Transporte de Nación. Por la fuerte suba del combustible, las cámaras del sector buscan que se actualice la estructura de costos. El Gobierno recibe a las empresas de colectivo para destrabar el conflicto por los subsidios y conseguir que se reestablezca el servicio de transporte. Está previsto que el encuentro sea a partir de las 10.30 en la Secretaría a cargo de Fernando Herrmann. Mientras tanto, algunas líneas llevan adelante desde la medianoche una retención de tareas por no haber recibido aún los fondos correspondientes a abril. En ese sentido, la reunión se da luego de que las cámaras empresariales decidan reducir las frecuencias un 30% por el impacto del aumento en el precio del gasoil, que acumula un alza de 25% en el último mes por la guerra en Medio Oriente. Según pudo saber TN, las empresas van a plantear la necesidad de renovar la estructura de costos con mayores subsidios. De hecho, ya le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que sin una nueva actualización en la estructura de costos no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes. En la misiva explicaron que los ingresos que deriva Nación al sector son insuficientes. De este modo, posiciona a las empresas prestatarias “en una situación económica y financiera insostenible”. Además, remarcaron que el esquema vigente quedó “completamente desfasado”. Según indicaron, el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1744,15 mientras que el valor de mercado vigente se ubica en un rango de entre $2042 y $2440. “Intimamos a dar inmediata respuesta a la situación planteada y a adoptar de modo urgente todas las medidas conducentes para asegurar la prestación del servicio público, bajo apercibimiento de atribuir al Estado Nacional la responsabilidad plena y exclusiva por la paralización total del sistema“, advirtieron. En un comunicado, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró que el sistema enfrenta un «déficit crítico de costos de gasoil». “Esto ocurre debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2100 y los $2444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, precisó AAETA. Y aseguró: “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -que encabeza la medida de fuerza iniciada en la medianoche- anticipó que las empresas van a recortar los servicios de entre las 22 a 6 de la mañana “para equiparar el aumento del gasoil” en caso de que no se acuerde un aumento de subsidios con el Gobierno.
Así viven los usuarios de colectivos la medida de fuerza de la UTA en las principales estaciones del AMBA
La Unión Tranviarios Automotor comenzó una retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril y amenazó con un paro; el testimonio de los pasajeros, entre el hartazgo y la resignación, y un conflicto que se agudiza “Ahora nunca sabes cuando vienen: es una lotería”. Con esas palabras y mientras espera al 197 en la estación de Retiro, Leonardo, un biólogo de 42 años, sintetiza lo que cientos de usuarios sienten ante la baja frecuencia de colectivos que se registró durante los últimos días en en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara este miércoles una retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril, el malestar por la baja circulación de colectivos se hizo sentir en las principales estaciones. Largas filas, esperas que se extienden y menos unidades disponibles, por lo que el viaje se vuelve más incómodo. Esta medida de fuerza se suma a un conflicto que comenzó a notarse durante la semana. Tras la disparada del precio del gasoil, que golpeó de lleno a las empresas de colectivos, y mientras la demanda del transporte público no para de caer y los subsidios siguen en retroceso, las firmas se vieron obligadas a recortar la frecuencia. Esperas que se agrandan Daiana Milán tiene 28 años y trabaja en una empresa de filtros de agua. En Constitución y mientras espera el colectivo de la línea 51, dice: “La frecuencia de ahora es la misma que en épocas de vacaciones: antes solía esperar 15 minutos. Ahora, más de una hora”. Junto a ella está su hija de tres años. “En el jardín ya me pidieron que deje de llegar tarde”, comenta, y agrega: “Si pierdo un colectivo tengo que tomarme un tren, porque la plata no me alcanza ni para un Uber”. Por su parte, Daniel, un camillero que trabaja en una clínica ubicada sobre la calle Mitre, en el barrio de Once y que diariamente se toma la línea 57, cuenta: “Entro a trabajar a las 14 y hace un tiempo, con salir con una hora de antelación, me alcanzaba. Ahora si no salgo antes de las 10 de la mañana, no llego”. Junto a él está Gisela, quien trabaja en la misma clínica. “Todos los días tengo un plan B: si el 197 no viene, me tomo el 98″, confiesa. Consultada sobre qué hace si su segunda opción también se demora, remata: “No me queda otra que esperar”. Según Daniela, desde hace dos semanas espera casi dos horas en la parada para volver a su casa. Ismael trabaja en una empresa de seguridad, tiene 24 años y espera por la llegada de una unidad de la línea 28, en Constitución. Se enteró de la medida de la UTA por redes sociales, razón por la cual pidió salir antes de su trabajo. Una vez en Retiro, empalma con un tren para llegar a su hogar, en el norte bonaerense. “Hace tres meses que nota que la frecuencia no es la misma de antes. Antes el 28 demoraba 20 minutos, ahora más de una hora”, cuenta. La medida de la UTA En el comunicado que la UTA compartió a través de redes sociales, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”. Sin embargo, se desconoce cuáles serán las que presentarán baja frecuencia por esta nueva medida. En tanto, desde el grupo DOTA aseguraron a LA NACION que los sueldos fueron pagados y que sus líneas trabajarán con normalidad. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) anunció la reducción de frecuencias. En la mayoría de las empresas alcanza el 30%, mientras que en algunas el 40%. En un comunicado, AEETA informó de la “extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas por la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones. Impaciencia y violencia “Esta semana se notó muchísimo más”, comenta Roxana Aloise sobre la baja frecuencia de los colectivos. La mujer de 52 años atiende desde hace varios años un kiosco de golosinas ubicado entre las paradas de las líneas 57 y 132, en plaza Miserere. Según ella, las grandes demoras se tradujeron a hechos de violencia: “Veo a los pasajeros más impacientes: cada media hora hay una pelea”. Por último, la mujer compartió una reflexión: “La gente ahora trabaja 12 horas para viajar seis, es una locura”.
El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares con una mayoría categórica
Tras la media sanción en el Senado, la Cámara baja convalidó el proyecto con 137 votos afirmativos; los críticos de la iniciativa advirtieron que fue motorizada por empresas mineras Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados convirtieron en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hasta el momento regía sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros. Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votaron en contra de la reforma-, los libertarios estimaban que la votación arrojaría entre 135 y 140 votos positivos. Finalmente, terminaron siendo 137 a favor. El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, dividió antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insistían en que la iniciativa no afecta la protección que regía sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro. Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advirtieron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera. Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur. La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos. En suma, con esta reforma, las provincias -y sus gobernadores- tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final. Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en U$S 20.000 millones en proyectos mineros. En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual -la protección del área glaciar y periglacial que cumplen una función hídrica- “no se modifica” con la reforma. El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué áreas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no. “Hoy el Ianigla no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras. “Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino. La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”. La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera. “El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo. También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió. “Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo“, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman. Los impulsores de la reforma sostienen que la redacción de la ley actual es imprecisa, puntualmente en lo que respecta a la potestad que le confiere la Constitución sobre el dominio de sus recursos naturales. Esta confusión inhibe la posibilidad de potenciar la actividad minera en sus territorios, alegan. El argumento fue sistemáticamente rechazado por los críticos de la iniciativa, que insistieron en que la ley actual no impidió la producción minera. “La ley de 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta reforma. Voy a votar en contra de esta ley”, anticipó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).
Alertan sobre el aumento del ausentismo estudiantil: el 51% de los alumnos falta 15 días al año o más
Especialistas consideran el ausentismo como la punta de un iceberg, la parte visible de una combinación de problemáticas educativas; las provincias con más inasistencias y los motivos detrás de las faltas, según los mismos alumnos El reporte de ausentismo estudiantil en el nivel secundario se agravó. Según los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre. En 2022, en tanto, el porcentaje era 44%. El porcentaje de alumnos que declaran superar ese umbral de inasistencias aumentó en todas las provincias. Los datos se desprenden de un nuevo informe de Argentinos por la Educación. Es importante marcar que se basan en autorreportes de los propios estudiantes. En la Argentina no existen datos públicos de todas las provincias sobre las inasistencias, por lo que no hay un registro consolidado que permita realizar un seguimiento preciso a nivel nacional. Un informe del Ministerio de Capital Humano, publicado en noviembre del año pasado, basado en registros administrativos del Sistema de Gestión Escolar (SGE) es el primer análisis en la Argentina que usa registros nominales diarios —es decir, falta por falta, alumno por alumno— en lugar de encuestas de percepción como las de Aprender. Este sistema, que permite cargar diariamente las asistencias de los estudiantes, fue adoptado por nueve jurisdicciones del país. Este año se espera que sea utilizado por 11. Las trece restantes cuentan con sistemas de gestión educativa propios. Para mostrar un panorama nacional, entonces, hay que basarse en los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender. En la evaluación 2024, incorporaron la opción de 30 faltas o más. A nivel país, el 10% de los alumnos de secundaria reconoció entrar dentro de esa categoría. En tanto, un 20% dijo tener entre 20 y 29 inasistencias; un 21%, entre 15 y 19; un 34%, entre 5 y 14; un 13% restante, menos de cinco, y el restante 2%, cero. La punta de un iceberg “El ausentismo es apenas la parte visible de una combinación de cuestiones tales como la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza familias-escuelas y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En este contexto, el ausentismo estudiantil aparece en la superficie como la punta del iceberg, dejando todas estas otras cuestiones –que en parte son sus causas– ocultas debajo”, señaló Bruno Videla, docente de nivel secundario y coautor del informe. Y opinó: “Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplir dicha obligación trae como consecuencia que esta se transforme en una simple declaración de intenciones. En este marco, medidas tales como sumar días de clase al calendario escolar son como querer atrapar el aire con las manos”. La ley establece que son necesarios 180 días de clase, pero las provincias acordaron en el Consejo Federal de Educación (CFE) 190 efectivos. Este año, apenas tres provincias alcanzarán, según planificaron en sus calendarios, el objetivo: Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190). “No tenía ganas de ir” El informe de Argentinos por la Educación, elaborado también por Martín Nistal y Eugenia Orlicki, muestra una amplia dispersión entre jurisdicciones. Las provincias que tienen una mayor proporción de alumnos que declaran tener 15 o más inasistencias son Buenos Aires (66%), CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo están Santiago del Estero, San Juan y Jujuy (30%), San Juan (29%) y Santiago del Estero (28%). El principal motivo para faltar, siempre según dicen los alumnos, son problemas de salud, mencionados por el 62%. En segundo lugar, aparece “no tenía ganas de ir a la escuela” con el 39% y luego “problemas de acceso a la escuela”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ no es anecdótica, sino que expresa un problema de sentido que conecta con la experiencia escolar y evidencia que está en juego la capacidad del sistema para articular bienestar, sostener pertenencia y construir condiciones efectivas para aprender”, marcó Sandra Ziegler, investigadora de Flacso Argentina. Viviana Postay, especialista en gestión educativa y formadora de docentes, coincidió: “El alto nivel de ausentismo estudiantil es un síntoma y no el problema en sí mismo. El estudiante se aleja de la escuela –o concurre de forma intermitente– porque los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites de lo permitido, ni tampoco el sentido real del tránsito por el nivel medio». Y agregó: “Esto se agrava en aulas ‘tomadas’ por graves dificultades de convivencia, donde el aprendizaje se vuelve una tarea heroica y donde siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior para obtener la acreditación. Este desdibujamiento del esfuerzo y del mérito nos obliga a revisar lo urgente: repensar el sentido de la escuela y el valor real de las certificaciones que otorgamos”. Nueva campaña El informe sobre ausentismo estudiantil es el primero de una nueva campaña que lanza la organización, bajo el #ArgentinaALaEscuela, para visibilizar la pérdida de días y de horas reales de clase como un problema estructural que impacta directamente en el aprendizaje. En la Argentina se pierde en promedio un mes de clases al año. Las razones son múltiples: ausentismo estudiantil y docente, cuestiones climáticas, problemas de infraestructura, clima y paros. La nueva iniciativa busca también remarcar la necesidad de fortalecer los sistemas de información nacionales y provinciales para incorporar de manera sistemática el registro del tiempo escolar efectivo. Otro de sus objetivos principales es que sea posible dimensionar la asistencia, las interrupciones y sus causas en todo el país. Hace tres años que la Colación por la Educación, un grupo conformado por docentes, especialistas, padres y organizaciones sociales, releva los días efectivos de clase en base a reportes de referentes voluntarios de las provincias. Actualmente, tampoco es posible saber cuántos días de clase se pierden por problemas climáticos o de infraestructura en las escuelas. Un problema que preocupa Hace tiempo que el ausentismo se consolida como un problema que preocupa a especialistas y educadores y, según
El riesgo país baja a 560 puntos y las acciones argentinas suben hasta 6% en Wall Street
Mejoran los activos argentinos que cotizan en el exterior. Se da en medio de los repuntes de las bolsas del mundo por la tregua entre EE.UU. e Irán. El dólar oficial se vende a $1405 en el Banco Nación. La tregua en Medio Oriente fue bien recibida en los mercados globales, donde los principales índices y acciones repuntan. En ese contexto, los activos argentinos no son ajenos. Los bonos locales que cotizan en el exterior suben hasta 3,5% en las operaciones de premarket y el riesgo pais caía 47 puntos y se ubicaba en 563 puntos. En la apertura de la rueda, el indicador que elabora JP Morgan llegó a las 551 unidades. La última vez que había anotado un valor similar fue el 26 de febrero, dos días antes del inicio de la guerra en Irán, cuando se ubicó en 554 puntos básicos. En Wall Street, las acciones argentinas trepaban por encima de 6%. Las principales subas eran para Banco Macro (6,8%), BBVA (6,7%) y Corporación América (5,6%). En cambio, los papeles de las compañías energéticas registraban fuertes caídas como: YPF (-4,79%), Transportadora Gas del Sur (-4,57%) y Pampa Energía (-2,59%). A nivel local, el índice S&P Merval, de la bolsa porteña, aumentaba 0,7% en pesos y 1,3% en dólares, medido al contado con liquidación. Además, las principales bolsas europeas registraban un repunte luego de las fuertes bajas de la jornada previa ante el últimatum -ahora suspendido por dos semanas- de Donald Trump. En el mercado cambiario, por su parte, el dólar oficial cotizaba sin cambios a $1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El tipo de cambio mayorista operaba a $1388. Fuerte caída en el precio de barril de petróleo El petróleo caía 15% este miércoles por debajo de US$100, luego del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas que anunció anoche Donald Trump. El acuerdo incluye dos semanas sin ofensivas y la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por donde transita el 20% del comercio petrolero mundial. El crudo operaba esta mañana en US$91, un mínimo para el último mes. El barril Brent se ubicaba a US$91,35. Desde el 28 de febrero, el crudo internacional se movía por encima de los US$110 y había acumulado un alza de más de 50%. El barril WTI -de referencia en EE.UU .- retrocedió 18% y operaba en torno a los US$92.
