Se trata de Diego Lucero, que figura en una supuesta citación para el 30 de julio en Miami. Es la persona que fundó una sociedad junto a Luciano Pantano, titular de Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad atribuida a Pablo Toviggino.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos y el FBI sobre la operatoria de la firma TourProdEnter, vinculada a la AFA, podría sumar la próxima semana una definición clave.
Uno de los nombres mencionados en la supuesta citación emitida por Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida es el de Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años que fue socio de Luciano Nicolás Pantano, uno de los dueños de la firma que adquirió la mansión de Pilar investigada por la Justicia argentina y atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
La supuesta citación, dirigida a un tercero cuya identidad todavía no fue revelada y que tendría que presentarse el próximo 30 de julio a las 9 (hora local), ordena aportar registros vinculados con TourProdEnter y toda comunicación mantenida con Lucero, Toviggino, Tapia y el empresario Javier Faroni.
Lucero aparece así entre las personas sobre las que la Justicia estadounidense busca obtener documentación en el marco de la investigación preliminar sobre TourProdEnter, la empresa registrada en Miami a nombre de Erica Gillette (esposa de Faroni) que se encuentra bajo análisis por presuntos movimientos financieros vinculados con la AFA.
Según la documentación societaria, Lucero y Pantano constituyeron el 10 de febrero de 2021 la firma Central Park Drinks SRL. Ambos figuraban como socios y asumieron como gerentes de la compañía, cuyo objeto social era la explotación de restaurantes, bares, cafeterías y la venta de alimentos.
Con el tiempo, esa sociedad cambió su denominación y pasó a llamarse Real Central SRL, la empresa que figura como propietaria del predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, donde la Justicia halló una mansión valuada en unos 20 millones de dólares, junto con 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
El 11 de mayo de 2022, Lucero renunció a la gerencia de Central Park Drinks SRL. Su lugar fue ocupado por Ana Lucía Conte, madre de Pantano, quien también figura como titular de Real Central SRL y es una de las personas investigadas en la causa por la propiedad.
La pesquisa sobre esa mansión sostiene como hipótesis que Pantano y Conte habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino. La causa, que atravesó una extensa disputa de competencia entre distintos tribunales, quedó finalmente radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Verónica Straccia.
En paralelo, la investigación estadounidense también analiza el circuito financiero de TourProdEnter. La documentación incorporada en distintos expedientes sostiene que la empresa fue designada como representante comercial exclusiva de la AFA para operaciones internacionales mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino.
De acuerdo con esas actuaciones, la sociedad administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y parte de ese dinero habría ido a empresas fantasmas en EE.UU.
Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación. La AFA negó, a su vez, que se le haya incautado los celulares a miembros de la comitiva que regresó a la Argentina tras el Mundial.
Además de su vínculo societario con Pantano, Lucero también registra antecedentes laborales en otra empresa que aparece en una causa judicial argentina.
Según consta en la investigación, fue empleado de Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), una firma que el fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, incorporó a una estructura de empresas que, según su acusación, habría sido utilizada para defraudar a la AFA.
En sus dictámenes, el fiscal sostuvo que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus.
“Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un ‘indicador de riesgo’ que obliga al Estado a investigar el origen de los fondos”, señaló Simón en esa presentación judicial.
TN intentó comunicarse con Lucero a los domicilios que figuran registrados a su nombre, pero no logró establecer contacto hasta el momento de la publicación de esta nota.
