El equipo económico puso en marcha medidas para revitalizar la actividad, como el nuevo esquema de infraestructura y con incentivos al crédito. Prepara cambios en impuestos y financiamiento para pymes. Pero sin que eso implique aumentar el gasto público.
El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el plan oficial para incentivar el crédito hipotecario puede verse como un intento por desviar la agenda de los reclamos por la morosidad récord y las quejas de varios sectores sobre el poder adquisitivo planchado y la actividad económica que no termina de despegar de manera pareja.
Pero también refleja el eje central de la política oficial: intentar que la estabilidad macroeconómica —aun con la disputa entre el “techo” al dólar y las tasas— dé lugar a un crecimiento real y sostenible, con la mira en 2027 y sin comprometer la disciplina fiscal.
Ese es el proceso, que cuenta con el aval del FMI, que el Ejecutivo empezó a acelerar en las últimas semanas. Lo hizo con una serie de medidas que, si bien no impactan de manera inmediata lo cotidiano, buscan generar las condiciones para que, más temprano que tarde, termine llegando.
Entre esas decisiones, en la que el impulso a los créditos hipotecarios es la más reciente, puede incluirse la flexibilización a los créditos en dólares para las empresas que no generen divisas.
Pero también aparece el foco en sectores con mano de obra intensiva, y con efecto multiplicador en la economía, como la construcción.
Como lo expuso Georgieva en julio, en el Gobierno creen que el sector, que lleva tres años de caída y al que los créditos hipotecarios pueden revitalizar —hay que ver la letra chica de las licitaciones del FGS—, también será un motor de crecimiento mediante la inversión privada en infraestructura: rutas, energía, logística y puertos.
En ese marco, este lunes, el Gobierno completó la concesión a privados de 9000 kilómetros de rutas nacionales y el traspaso de otras tantas a las provincias, al adjudicar los últimos 3900 kilómetros que faltaban del plan para privatizar Corredores Viales.
La apuesta también está en el efecto multiplicador que tendrán la ya privatizada Hidrovía, la lanzada licitación del Belgrano Cargas y en la ahora reprogramada Aysa.
Cómo sigue la agenda oficial con el foco en reactivar la economía
El Gobierno también tiene en carpeta —y se comprometió con el FMI a presentarla antes de fin de año— una reforma tributaria que incluirá cambios en el IVA, una baja gradual de retenciones y modificaciones en el impuesto al cheque. Además, se analiza ampliar la base de los que pagan el impuesto a las Ganancias y ajustar el Monotributo, con el objetivo de mejorar la recaudación y formalizar la economía.
La recuperación del empleo formal y el impulso a las pymes son otras prioridades. Si bien la reforma laboral apunta a incentivar las contrataciones con una baja de aportes patronales, desde el sector privado advierten que el acceso al crédito y la reducción de la carga impositiva son condiciones clave para generar puestos de calidad.
En todos los casos, la disciplina fiscal sigue siendo el denominador común. Tanto en el Palacio de Hacienda como en el FMI buscan garantizar que el ajuste se mantenga más allá de la coyuntura electoral, con el equilibrio fiscal como condición irrenunciable.
