El Ejecutivo trabaja en los pasos administrativos para adjudicar las empresas públicas al sector privado, pero hay diferencias en los procesos. Cuánto espera recaudar y en qué instancia se encuentra cada una.
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei estableció que sus objetivos era privatizar las empresas públicas. Por un lado, porque entiende que el Estado no debe tener a su cargo esas compañías y, por otro, porque desprenderse de ellas implica un beneficio económico. En este escenario, el Gobierno trabaja en los pasos administrativos para adjudicarlas al sector privado y espera completar ese proceso sobre las firmas alcanzadas por la Ley Bases antes de fin de año.
La Ley Bases autorizó la privatización o concesión de ocho empresas estatales: Aysa, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Sofse (Trenes Argentinos), Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Desde ese momento, se fueron habilitando distintas instancias para adjudicarlas a manos privadas e incluso, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que esos activos permitirán recaudar US$2000 millones hasta fin de año.
Para que las privatizaciones se concreten, deben cumplirse una serie de etapas. Tras la aprobación del Congreso, se define la modalidad para llevar adelante ese proceso (venta de acciones, concesión o licitación), luego se publica una resolución ordenatoria, se tasa la operación y se establece el marco regulatorio que fija los precios y condiciones para entregar esas empresas. Por último se llama a la licitación, se evalúan las ofertas y se adjudica.
Sin embargo, ese período entre el análisis y el cierre puede demorar entre 120 y 180 días, es decir, entre cuatro y seis meses. Por eso, en el Ejecutivo quieren terminar la fase administrativa para concretar el traspaso al sector privado antes de 2027. “El desafío es cobrarlas este año”, definió una fuente oficial.
Cómo avanza la privatización de las empresas que fueron habilitadas en la Ley Bases
En el caso de Aysa, el Gobierno aprobó el contrato de concesión a 30 años que le permitirá transferir las acciones de la compañía. En los próximos días está previsto que se publique el llamado a licitación y la expectativa es que se recauden unos US$500 millones.
La concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado, mientras que en una segunda etapa, la empresa tiene planificado lanzar una oferta pública inicial para colocar el 39% restante de las acciones en la Bolsa. Como novedad, un organismo internacional se ofreció a abrir líneas de financiamiento para quienes participen del proceso.
Sobre Intercargo, ya se autorizó la privatización total dela empresa estatal que ofrece los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. La operación prevé la venta de la totalidad del paquete accionario y el 10 de junio está previsto que se realice la presentación de las ofertas. El precio de base para los interesados es de US$45 millones.
La situación de Enarsa revista mayores complejidades. La compañía contiene distintas unidades productivas y el Estado busca desprenderse de las acciones de Citelec -la controlante de Transener, la principal firma de transporte de energía eléctrica-. Por esa operación, se eligió al consorcio conformado por Edison Energía y Genneia, que presentó una oferta de US$356 millones.
Enarsa también cuenta con la participación mayoritaria de las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano. Por la venta de este activo, se espera ingresos por unos US$200 millones cada una.
Sumado a esto, también se avanza en la adjudicación de los distintos tramos de Corredores Viales. Para este año se estiman licitar unos 9000 kilómetros de ruta. Hasta ahora, se adjudicaron los tramos Oriental -comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117- y Conexión -que incluye el Puente Rosario–Victoria (Ruta Nacional 174)-.
En paralelo, se está revisando la oferta económica correspondiente al tramo Atlántico y Pampa. El próximo 11 de mayo se abrirán los sobres de otros cuatro trayectos (Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte) y el 22 de mayo se hará lo mismo con otros ocho tramos.
En las empresas ferroviarias, el proceso más avanzado es el de Bengrano Cargas, para el que se estableció la venta de sus activos (locomotoras, vagones y material rodante de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza), cuyos fondos se destinarán a un fidecomiso para financiar obras de trenes. Por otro lado, todavía está pendiente que se lance el proceso de privatización de Trenes Argentinos, que opera las líneas de pasajeros en el AMBA.
Tanto para los procesos de las rutas y los trenes, el Gobierno no fija un objetivo de recaudación, principalmente porque las condiciones para los futuros operadores requieren inversiones vinculadas a infraestructura. “No funcionan como tickets”, defendió una fuente al tanto del avance de las privatizaciones.
En este contexto, para alcanzar la meta de US$2000 millones que mencionó Caputo, en el Ejecutivo también contabilizan una operación que está por afuera de la órbita de la Ley Bases. Mencionan que la venta de la participación de YPF en Metrogas podría destrabar unos US$700 millones.
