Lo anunció de manera oficial el Ministerio de Seguridad. Los deportados permanecían detenidos en distintas unidades penitenciarias.
El Gobierno concretó la expulsión de tres ciudadanos de Chile que fueron detenidos tras intentar cometer robos en viviendas de San Isidro, en el marco de un procedimiento articulado entre el Ministerio de Seguridad, la Justicia y el municipio.
El episodio se registró a mediados de febrero en la localidad de Villa Adelina, luego de que un vecino alertara a través del programa Ojos en Alerta sobre movimientos sospechosos de varias personas en domicilios de la zona. A partir de ese aviso, patrullas municipales intervinieron y lograron interceptar a los sospechosos antes de que concretaran el delito.
Intervención judicial y proceso penal
Tras las detenciones, el municipio solicitó formalmente la expulsión de los imputados y coordinó acciones con la Dirección Nacional de Migraciones, que emitió las órdenes correspondientes y notificó a la Justicia.
En una primera instancia intervino el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, a cargo de Esteban Rossignoli, donde la causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento y efracción. La fiscal Natalia Castronovo indagó a los acusados y luego el expediente pasó a la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por el Dr. Orduna, que solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio.
Los tres detenidos, identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González, se encontraban en situación migratoria irregular y permanecieron con prisión preventiva en distintas dependencias: las unidades penitenciarias N.º 45 y N.º 23 y la Comisaría 1.ª de San Isidro.
Pruebas y definición del caso
Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos que presuntamente iban a ser utilizados en los robos, entre ellos tres teléfonos celulares, dos pares de guantes, un alicate y precintos.
El 4 de marzo, el fiscal Osores impulsó un acuerdo de juicio abreviado en el que solicitó una pena de un año y seis meses de prisión para cada uno de los imputados.
Desde la Secretaría de Seguridad del municipio destacaron que este tipo de operativos no es aislado, sino que forma parte de un esquema de trabajo coordinado entre el gobierno local, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el área migratoria.
En ese sentido, remarcaron que la expulsión de ciudadanos extranjeros detenidos por delitos en el distrito ya se implementó en otras ocasiones como parte de una política de respuesta rápida ante hechos de inseguridad.
