Será por 72 horas desde este lunes. Reclaman que desde diciembre del 2023 perdieron un 55,4% de salario real.
Luego del paro de cinco días realizado el 16 de marzo, las universidades públicas no tendrán clases en la última semana del mes por una medida de fuerza de gremios de trabajadores docentes y no docentes que insiste en el mismo reclamo: el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que repercute en salarios, gastos de financiamientos y becas. Este viernes finalizó una cumbre de rectores, que reiteraron la demanda por presupuesto para las instituciones.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario fue ratificado por dos tercios del Congreso nacional después de un veto presidencial. Aún así, el Gobierno decidió no implementarlo, lo que provocó la judicialización de la iniciativa, con fallo favorable para las universidades. Luego de apelar, la gestión libertaria anticipó una posible oferta salarial de aumento del 12.3% en tres tramos: el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre. Sin embargo, desde los gremios docentes plantean que, sin contemplar la inflación que puede llegar a haber hasta fin de año, sus salarios requieren un incremento del 55,4% para equipararse a diciembre del 2023.
Ya finalizado el paro de cinco días desde el 16 al 20 de marzo, ahora la medida de fuerza será por 72 horas desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1° de abril, inclusive. Por lo tanto, contemplando que el jueves y viernes son feriados, las universidades públicas no tendrán clase una semana más. En caso de no cumplirse la ley ni haber convocatoria a paritarias -que no ocurren desde octubre del 2024, se adelantaron dos nuevas medidas de fuerza: una Marcha Federal el 23 de abril y un nuevo paro en la semana del 27 de abril.
Documento final del plenario del CIN
Luego de dos días de reuniones en la ciudad de Santa Rosa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un documento final en donde calificó que «la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica». «Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles», planteó.
Con respecto a los haberes de trabajadores docentes y no docentes, detalló que «entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158 %, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales».
Sobre los gastos de funcionamientos, el CIN subrayó que los desembolsos «no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, se encuentra en torno al 40% de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias».
Finalmente se refirió a las partidas destinadas a Becas Progresar para fomento de estudio universitario: «Se redujeron un 82 % en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023«.
El encuentro también sirvió para que se definan nuevas autoridades al frente del CIN. En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, dejó la presidencia del organismo para que asuma Franco Bartolacci, máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario y quien hasta ahora ejercía el rol de vicepresidente. Será secundado por Anselmo Torres, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), quien lo reemplazará en su anterior cargo.
