El proyecto sobre la evolución de los gastos y los ingresos debe ingresar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de septiembre. En el Ejecutivo trabajan los pormenores de la iniciativa. También evalúan sumar modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno prepara la incorporación de cambios a la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027 y confía en contar con los votos para sancionar el proyecto. En el Ejecutivo todavía trabajan sobre la fórmula que propondrán para 2027 y la forma de encauzar el remanente del conflicto judicial por la Ley 27.795. También evalúan sumar modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.
El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.
En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.
Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden “resolver”. El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.
Una clase pública en la UBA en protesta contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario (Foto: Reuters).
La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.
La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.
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Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.
Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.
“La situación es crítica”: las universidades leyeron un duro comunicado y pidieron que se aplique la ley durante la marcha (Foto: Captura TN).
Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.
El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.
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En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.
El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.
El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso.
