La minería global enfrenta al menos 10 riesgos clave en 2025: desde presión fiscal hasta conflictos sociales y falta de infraestructura. En Argentina, el RIGI busca dar previsibilidad y facilitar inversiones. ¿Qué problemas resuelve realmente y cuáles quedan pendientes para el sector?
Inestabilidad política, inflación, conflictos sociales y falta de infraestructura. Las empresas mineras enfrentan un combo de amenazas cada vez más complejo. En Argentina, el RIGI intenta atraer capital con incentivos claros. Pero ¿alcanza para enfrentar todos los riesgos?
El RIGI busca posicionar a Argentina como destino atractivo para grandes inversiones mineras, en medio de un escenario global desafiante.
La industria minera global se enfrenta a un entorno cada vez más desafiante. En 2025, los riesgos que enfrentan las empresas mineras no solo se multiplican, sino que también se vuelven más complejos. Desde factores geopolíticos hasta cuestiones sociales y regulatorias, el escenario exige atención y estrategia. En este contexto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) propuesto por el Gobierno argentino busca posicionarse como una respuesta concreta ante varias de estas amenazas.
Riesgos en la minería: el mapa de amenazas para 2025 y la respuesta del RIGI
Entre los 10 principales riesgos para el sector minero en 2025 se destacan:
Inestabilidad política y regulatoria: Cambios abruptos en las reglas del juego, normativas contradictorias y falta de seguridad jurídica siguen siendo una de las principales preocupaciones, especialmente en América Latina.
Riesgo fiscal y tributario: Impuestos distorsivos, cambios impositivos repentinos o sistemas poco previsibles generan desconfianza y desincentivan inversiones de largo plazo.
Acceso a financiamiento: Las tasas internacionales, el riesgo país y la percepción sobre la estabilidad argentina complican el fondeo de proyectos a gran escala.
Costo logístico y de infraestructura: Muchas regiones mineras carecen de rutas, servicios o conectividad adecuada. Esto impacta en costos y tiempos.
Presión social y conflicto con comunidades: La licencia social para operar es cada vez más importante. La falta de diálogo o impacto ambiental puede frenar o incluso cancelar proyectos.
Inflación y volatilidad macroeconómica: La pérdida del valor real de las inversiones y la dificultad para planificar son obstáculos estructurales en Argentina.
Problemas de disponibilidad energética: La minería requiere energía constante y confiable. Cualquier restricción en la oferta es un riesgo operativo directo.
Falta de previsibilidad cambiaria: La volatilidad del tipo de cambio complica contratos, repago de deuda y planificación financiera.
Riesgos climáticos y ambientales: La presión por producir de manera sustentable obliga a incorporar estándares más exigentes y tecnologías más limpias.
Fuga de talentos y déficit de mano de obra especializada: La formación técnica y la disponibilidad de personal capacitado son un desafío permanente.
Ante este mapa de riesgos, el RIGI busca atacar varios de ellos. Promete estabilidad fiscal por 30 años, reglas claras, libre disponibilidad de divisas tras ciertos períodos, reducción de aranceles a importaciones de bienes de capital, y acceso más competitivo a divisas para repago de inversiones. Además, da señales de mayor previsibilidad cambiaria y tributaria.
Sin embargo, el RIGI no resuelve todos los problemas. No aborda directamente los conflictos sociales ni garantiza infraestructura o energía. Tampoco corrige la falta de formación técnica o el impacto ambiental, aunque al facilitar inversiones podría impulsar soluciones colaterales.
En conclusión, el RIGI es una herramienta concreta ante algunos de los riesgos más críticos, sobre todo los vinculados a lo fiscal, lo legal y lo cambiario. Pero no es una solución integral. Para atraer inversiones mineras de calidad, hará falta complementar el régimen con políticas activas en infraestructura, educación, ambiente y desarrollo territorial.
