Attestor y Bainbridge le avisaron a la Justicia de Nueva York que recibieron el pago acordado con el Gobierno y que ya no tienen reclamos pendientes. El aviso llega después de que el Congreso ratificara los acuerdos en julio.
Los fondos Attestor Master y Bainbridge, dos de los acreedores que todavía litigaban contra la Argentina por bonos en default desde 2001, confirmaron ante la Justicia de Estados Unidos que ya cobraron el monto pactado con el Gobierno y pidieron el cierre definitivo de las causas. Así, el Gobierno cierra un frente judicial que se abrió con la crisis de inicios de siglo.
El aviso oficial de los acreedores llegó después de que el Congreso ratificara los acuerdos económicos alcanzados meses antes con ambos fondos, un paso que la ley exigía para habilitar el pago.
Según pudo reconstruirse a partir de la documentación judicial, Bainbridge presentó el 29 de julio un escrito ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York —el mismo fuero que concentra la mayoría de las causas por la deuda en default, hoy a cargo de la jueza Loretta Preska tras la muerte del histórico juez Thomas Griesa— en el que avisó que la sentencia fue satisfecha.
El escrito recuerda que el 1° de diciembre de 2020 la Justicia neoyorquina había dictado un fallo firme a favor de Bainbridge por sus tenencias en bonos en default, y que el 1° de abril de 2026 el fondo y la Argentina firmaron un acuerdo de cierre, por el cual Bainbridge aceptó una suma pactada como cancelación total de capital, intereses y demás reclamos vinculados a los bonos. “El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago”, indicó el documento.
Con este movimiento, ambos fondos —que junto a otro grupo de acreedores conformaban el núcleo duro de los llamados holdouts, los bonistas que no habían aceptado ingresar a los canjes de deuda posteriores al default— dejarán de figurar como litigantes activos contra el país.
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
Según lo informado por el Gobierno en el Boletín Oficial, Bainbridge cobró US$67 millones en el marco del acuerdo aprobado por el Congreso. Attestor, por su parte, habría cobrado una cifra en torno a los US$104 millones, aunque el texto completo de su acuerdo no se difundió públicamente.
La ley que habilitó los pagos fue aprobada por el Congreso a fines de junio y publicada el 1° de julio en el Boletín Oficial. Habilitó dos acuerdos distintos: uno con Bainbridge y otro con un grupo de fondos liderado por Attestor Master.
Diputados convirtió en ley el acuerdo de renegociación de pago con holdouts a fines de junio. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino)
El Tesoro había señalado que ambos pagos se imputarían en las cuentas públicas como “servicios de la deuda”, aunque todavía restaba definir el momento exacto del desembolso. Esa definición, a la luz de lo que ahora confirman los propios fondos ante la Justicia, ya quedó resuelta.
Con el acuerdo ya cobrado y las causas en vías de cierre, la Argentina resuelve otro de los conflictos heredados de la crisis de 2001. De todos modos, todavía persisten reclamos de bonistas individuales —que no llegan a tener el poder de presión de los grandes fondos litigantes— por unos US$2000 millones por el default, además de otros litigios en el exterior que en conjunto rondan los US$10.000 millones.
