El informe de gestión de Jefatura de Gabinete respondió a varias inquietudes sobre distintos aspectos de la economía. Los legisladores consultaron sobre el nivel de endeudamiento y el alza de los precios de los combustibles, entre otras cosas.
La primera presentación del informe de gestión de Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni en el Congreso estuvo atravesada por la tensión que despertaron las últimas investigaciones sobre su patrimonio. Pero más allá de eso, en el escrito que fue presentado antes los legisladores se pueden observar algunas definiciones sobre el plano económico.
Uno de los principales tópicos sobre el que fue consultado el jefe de Gabinete es el nivel de morosidad. Según los últimos datos del Banco Central correspondientes a febrero, la irregularidad que enfrentan los bancos en todas las líneas llegó a 6,7% de la cartera total de préstamos y en el caso de las familias alcanzó el 11,2%.
Sobre este punto, el informe de la Jefatura de Gabinete defendió el crecimiento del crédito como impulsor de la actividad e indicó que desde fines de 2023, “el sistema financiero ha venido profundizando su rol de intermediar recursos focalizado en el sector privado”. Además, puntualizó en que el crédito al sector privado duplicó su ponderación en términos del PBI. “Como previsible consecuencia de estos desarrollos, comenzaron a incrementarse las exposiciones a riesgos inherentes a la intermediación financiera”, argumentó el documento oficial.
En otro pasaje del texto, los legisladores también hicieron referencia a las elevadas tasas de interés que se observan en los préstamos otorgados por parte de entidades no bancarias. Sobre esto, el Banco Central explicó que existe un límite fijado por ley a la tasa de interés que cobran los agentes no financieros por la emisión de tarjetas de crédito, que no puede superar el 25% promedio de las tasas del sistema para operaciones de préstamos personales.
También describió que los proveedores no financieros de crédito (PNFC) operan con tasas más elevadas que los bancos por dos motivos: porque sus clientes suelen tener ingresos mayormente informales y el costo del fondeo es mayor que el de los bancos. “Los PNFC, se caracterizan por tener una mayor proporción de clientes sin empleo en relación de dependencia (trabajadores independientes, trabajadores con ingresos informales) respecto de los clientes de las entidades financieras. Esto implica que, personas con ingresos menos estables que el de un trabajador en relación de dependencia, incide (en virtud de la evaluación de riesgo) en el monto medio de los préstamos otorgados y sobre las tasas de interés de estos (en general, a mayor riesgo de crédito, mayor tasa)”, justificó el informe.
Nuevo índice de inflación
Sumado a esto, los diputados preguntaron los motivos por los cuales no se aplicó la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basada en la Encuesta Nacional de Hogares de 2017-2018, que fue postergada y derivó en la salida de Marco Lavagna a la dirección del INDEC.
En relación con este aspecto, el Gobierno explicó que implementar esta modificación implica considerar las variables macroeconómicas para “evitar interpretaciones erróneas”.
“La incorporación de los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 al IPC se encuentra en análisis, ya que cualquier cambio metodológico requiere considerar la correcta comparabilidad de las series estadísticas y su adecuada utilización para la toma de decisiones públicas y privadas. La implementación de una nueva base del índice requiere contemplar los cambios recientes en las condiciones macroeconómicas, a efectos de evitar interpretaciones erróneas que pudieran afectar la toma de decisiones de la población”, detalló el Ejecutivo.
Por último, en el informe también preguntó sobre el aumento de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias en áreas vinculadas al transporte de cargas. Al respecto, el Ministerio de Economía descartó cualquier tipo de intervención oficial y dijo que “el incremento del gasoil es una señal del mercado global que refleja costos reales y variaciones de oferta y demanda”. “Este shock externo eleva los costos logísticos de manera más pronunciada en regiones alejadas como el norte del país, pero incentiva naturalmente a las empresas transportistas a optimizar rutas, mejorar la eficiencia de sus flotas mediante innovación tecnológica, consolidar cargas, explorar multimodalidad y diversificar proveedores”, señaló.
“La cadena de abastecimiento se ajusta por sí sola a través de la competencia: los precios relativos guían la asignación eficiente de recursos, permitiendo que los costos se trasladen de forma transparente sin generar escasez artificial. Cualquier intento estatal de ‘amortiguar’ o compensar este impacto solo posterga el ajuste necesario, genera mayores ineficiencias a mediano plazo y viola el principio de respeto a la propiedad privada al redistribuir coercitivamente recursos de otros contribuyentes», puntualizó el informe.
Y completó: “No se analizan ni se implementan medidas intervencionistas para sostener la operatividad del sector. Tampoco se prevén mecanismos de alivio fiscal selectivo ni instrumentos compensatorios específicos para el transporte de cargas. Subsidios o compensaciones dirigidas distorsionan los precios relativos, crean dependencia del Estado y atentan contra la propiedad privada. No se contemplan medidas diferenciales para economías regionales con alta incidencia de costos logísticos”.
