Legisladores del país vecino reclaman estudios ambientales y buscan que sean citados a declarar las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
La planta de hidrógeno verde en Paysandú sumó un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral entre Uruguay y Argentina, luego de que legisladores opositores de Entre Ríos le pidieron a la Justicia Federal que el gobierno de Yamandú Orsi remita los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa HIF Global.
Al mismo tiempo, los diputados nacionales argentinos Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, todos ellos referentes del peronismo, les pidieron a los jueces que citen a declarar a los responsables de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Montero y Francisco Mansanta.
Michel consideró que el avance de la planta de combustibles sintéticos, sindicada como la mayor inversión de la historia uruguaya, “podría generar contaminación de las aguas” e incluso acusó que “ya está impactando sobre los precios de las propiedades en Colón y generando preocupación con respecto al turismo”.
La acción judicial desde Argentina
Concretamente, el pedido a la Justicia incluye que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente remita la solicitud de autorización ambiental previa, junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por HIF Global.
Además, solicitan convocar a las autoridades de la CARU para que informen su conocimiento del proyecto y exigen al Registro Nacional de Comercio la dirección legal de la empresa chilena y sus subsidiarias.
Michel, Bahl y Marclay agregaron en la acción judicial la necesidad de designar a un perito biólogo de oficio y se reservaron también la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales.
Michel consideró que el avance de la planta de combustibles sintéticos, sindicada como la mayor inversión de la historia uruguaya, “podría generar contaminación de las aguas” e incluso acusó que “ya está impactando sobre los precios de las propiedades en Colón y generando preocupación con respecto al turismo”.
La acción judicial desde Argentina
Concretamente, el pedido a la Justicia incluye que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente remita la solicitud de autorización ambiental previa, junto con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por HIF Global.
Además, solicitan convocar a las autoridades de la CARU para que informen su conocimiento del proyecto y exigen al Registro Nacional de Comercio la dirección legal de la empresa chilena y sus subsidiarias.
Michel, Bahl y Marclay agregaron en la acción judicial la necesidad de designar a un perito biólogo de oficio y se reservaron también la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales.
