El presidente de la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales cuestionó la desregulación impulsada por la Casa Rosada, advirtió que hay entre 140 y 150 buques sin nuevas operaciones y reclamó una mesa de diálogo.
En medio del conflicto por el cambio en las reglas del practicaje, el presidente de la Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales, Oscar Mendoza, cuestionó duramente la decisión del Gobierno.
“Hoy lo que sucede es un conflicto por una decisión del Poder Ejecutivo de desregular la seguridad de la navegación de las personas y del medio ambiente. Esto se suscita por una medida inconsulta, porque no se generó una mesa de trabajo ni de consulta con los principales actores del sector. Esto derivó en una herramienta que tiene un impacto totalmente negativo", expresó en diálogo con Solo Una Vuelta Más (TN).
Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.
El conflicto se generó a partir del Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y apunta a modificar varios de sus aspectos centrales: quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
Según Mendoza, hay alrededor de 300 prácticos en actividad: “Es falso que falten. El servicio está cubierto al 100%. Además, un aspirante se inscribe en un examen libre que lo toma la Armada y cualquier capitán fluvial o de ultramar tiene que rendir”.
Asimismo, descartó que las tarifas sean exorbitantes: “La tarifa está regulada en Argentina”.
La Vía Navegable Troncal es la principal arteria de salida para las exportaciones de la agroindustria y un factor determinante en la competitividad logística del país. (Foto: Ministerio de Transporte).
En ese sentido, detalló: “El comercio internacional está completamente parado. Hay entre 140 y 150 buques pendientes de confirmación de servicio”.
Y planteó: “Se está pidiendo una mesa de trabajo, que el Poder Ejecutivo llame a las partes intervinientes en este sector y escuche a todas las voces que intervienen para desarrollarla verdaderamente, no destruirla”.
Respecto a las pérdidas que genera el paro, sostuvo: “El dinero que pierde el país es incalculable. No solo afecta al comercio internacional, sino que también al comercio regional”.
Paro portuario: 140 barcos permanecen sin operar
La medida de fuerza tiene características particulares: como los prácticos trabajan de manera independiente y no están agrupados bajo un mismo gremio con capacidad de convocar a un paro tradicional, la decisión se dio en forma coordinada pero sin una orden centralizada. Quienes ya tenían turnos asignados con anterioridad siguen cumpliendo esos compromisos con normalidad; lo que se frena son las nuevas contrataciones.
Según explicó el Gobierno al anunciar la medida, el objetivo es bajar los costos logísticos y fomentar la competencia dentro de la actividad. Sturzenegger sostuvo que se “desarmaron kioscos”, a través de un mensaje en su cuenta de X. El funcionario explicó que el esquema anterior funcionaba con “barreras de entrada” que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio, y cuestionó en particular la segmentación geográfica que —dijo— obligaba a contratar a más de un práctico para completar un mismo recorrido.
El ministro Sturzenegger promovió el decreto que modificó las reglas en el practicaje. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Sin embargo, las entidades que nuclean a prácticos, pilotos y baqueanos tienen una lectura distinta. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó a la norma de inconstitucional y anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.
El conflicto se siente con más fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el corazón de las exportaciones agroindustriales del país, donde algunos buques esperan turno fondeados. El propio decreto contempla un mecanismo para estas situaciones: autoriza a la Prefectura y, en casos excepcionales, a la Armada, a hacerse cargo directamente del servicio. Quedan al margen del conflicto los buques que transportan petróleo y gas, que siguen operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.
